No es nuevo en nuestro medio el clamor por una pronta y eficiente justicia, especialmente ante el alto nivel de violencia y agresión utilizada por los antisociales, de todos los pelambres, que operan en nuestro territorio nacional, donde la vida de la víctima ha pasado a segundo plano para dar prioridad a la integridad del delincuente y éxito de su fechoría.

Que el pie de fuerza policial es insuficiente es un concepto generalizado que todos los medios de comunicación pregonan como mucha frecuencia; pero  la realidad lo  convierte en un debate de mayor profundidad y profesionalismo, donde los aspectos presupuestales juegan un papel preponderante, pues no se trata de inflar la  planta de personal en la Policía Nacional, sino de incorporar, formar, capacitar y llevar al servicio de vigilancia, un buen número de efectivos profesionalmente formados, especialmente lo referente a la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos  residentes en el país, fórmula generalizada que abarca la filosofía y doctrina institucional, de la cual se desprenden un sin número de conceptos, todos dirigidos al buen funcionamiento, orden,  observancia y  acato de las obligaciones  que fija una armonía respetuosa de los derechos. Atributos con los que cuentan los hombres que actualmente prestan sus servicios en la institución y que se puede deteriorar, como en otros tiempos ha pasado, por incorporaciones apresuradas, capacitaciones acomodadas y adaptadas a esas urgencias tan nefastas para la Policía Nacional.

No vamos a caer en el debate sobre la captura y conducción del infractor ante los jueces de garantías,  por ser un tema sustentado en la ley que no admite interpretaciones, sin importar las circunstancias  de tiempo, modo y lugar en la ocurrencia  de los hechos. Simplemente hacemos referencia a esta situación como ejemplo de escenario digno de evaluar, buscando eficiencia y pronta presencia de la justica frente a temas en su mayoría consuetudinarios, que a ojos escrutadores ciudadanos dejan un mal sabor de frustración y fracaso; esto sin detenernos a evaluar el impacto en los defensores del orden, para quienes el deber está por encima de estas consideraciones.

La libertad decretada por los jueces, independiente de sus consideraciones y razones nos ha conducido a una situación caótica, pues los delincuentes han perdido el respeto por la misma ley y su presencia ante la justicia representada por estos funcionarios. No solo este escenario nos da base para pensar en una reforma a la justicia, son muchas y variadas las razones, todas evaluadas y aceptadas, pero el caso que nos ocupa es tan tangible, palpable y evidente, que la comunidad se siente burlada y desprotegida, sosteniendo que solo una reforma los puede salvar de este embrollo jurídico.