El narcotráfico es una de las grandes tragedias de Colombia, representa una grave amenaza para la seguridad, la economía, la democracia y la salud pública. Es un negocio tan rentable, que ante los carteles de la droga, el Estado es débil. La lucha contra el tráfico de drogas ilícitas ha consumido gran parte de la energía y los recursos de nuestro país desde los años 80, lo que debimos haber invertido en desarrollo, infraestructura y lucha contra la pobreza, se lo ha consumido el narcotráfico. Miles de millones de dólares perdidos, miles de muertos, miles de hectáreas deforestadas, violencia, pobreza y corrupción.
Colombia tiene la necesidad de definir dónde se sitúa en la lucha contra las drogas ilícitas. O retomamos una lucha frontal contra el narcotráfico, a través de la persecución penal y militar -como el Plan Colombia y la Seguridad Democrática- o nos paramos en el escenario de la legalización, asumiendo todas las consecuencias sociales y políticas que ello implica. La discusión es válida, lo que no podemos hacer es quedarnos a la mitad del camino.
La política del Gobierno Santos parece ser esa, ni lo uno ni lo otro, asegurando lo peor de los dos mundos. Desde que empezó a negociar con las Farc, los cultivos ilícitos se duplicaron, pasamos de unas 80.000 hectáreas en 2013 a 190.000 en 2015, según cálculos de la Casa Blanca. Suspendió la fumigación con glifosato, en una concesión a las Farc, justificándola con un informe de la OMS donde el café comparte lugar con el glifosato como “agente probablemente cancerígeno”.
En virtud del Acuerdo, el Gobierno resolvió elevar a nivel constitucional la conexidad del narcotráfico -solo el de las Farc- con el delito político, garantizándoles amnistía e indulto. Además de haber aceptado que la medida preferente contra los cultivos ilícitos será la erradicación y sustitución voluntaria, ahora pretende legalizar los cultivos de droga hasta de 3,8 hectáreas.
Aceptando que un campesino cocalero es víctima de la falta de oportunidades, de la incapacidad de acceder a mercados con productos agrícolas lícitos, del abandono estatal y de la presión de los carteles de droga, es una equivocación darle un tratamiento preferente sobre campesinos que, ante la misma adversidad, no se han dedicado a sembrar coca.
Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, con cifras de Unodc, de las Naciones Unidas, un cultivo de coca -que no es para hacer te sino cocaína- puede dar entre 4 y 6 cosechas al año, con una producción alrededor de 6,5 toneladas de hoja de coca por hectárea, de las cuales se producen 6,8 kg de base de cocaína. Es decir, con el proyecto del Gobierno, cada campesino podrá cosechar, sin consecuencias penales, la materia prima necesaria para producir, 160 kilos de cocaína al año. El Presidente Santos afirma que esto se ha acordado con 118.000 campesinos cocaleros.
No sabemos si el Gobierno lo hace por incapacidad o por interés, pero están narcotizando el país, la economía, las instituciones, la política. Nadie, en toda su historia, había sido tan útil para los intereses de las Farc y del narcotráfico como Juan Manuel Santos.
@SamuelHoyosM