En los temas de la reforma a la salud y de la situación financiera de las entidades promotoras de salud EPS, el gobierno decidió proyectar el viejo aforisma, que sale a relucir cuando hay posiciones encontradas, de querer demostrar que las cifras dependen de la arista con la cual se miren. Sin embargo, tratándose de la misma fuente, al menos se vio la necesidad de atender y observar las circunstancias que esgrimen los directos afectados por las circunstancias.
Son como dos puntos de vista que proyectan la sensación de estar sentados en dos países o mundos distintos. El ministerio, como se puntualizó en la columna precedente, proyecta una imagen de suficiencia de recursos, convencido que el Estado da un cumplimiento pleno y todo lo puede. Hasta el punto de decir que podría cubrir de manera directa los pagos a los hospitales e IPS, desde su entidad especializada el ADRES, queriendo decir que las EPS son simples intermediarias cuando manejan nada menos que cerca de veinte millones de registros al mes.
Sus argumentos se basan en un incremento anual históricamente alto en el presupuesto de la Nación en salud, equivalente al 25% -entre otras gracias a la aprobación que hizo el Congreso y a la reforma tributaria que pagarán los contribuyentes - y también porque se dio un aumento mayor a la inflación, del 16%, en la unidad de pago (UPC) que reconoce a las EPS, que además como repite el ministro se paga por anticipado. 
La verdad, desde el visor de las entidades promotoras de salud, esas razones no han sido suficientes y el sistema ostenta claras dificultades financieras. Por esto convenció con su cálculo preliminar de la unidad de pago que la base sea revisada, en especial por no absorber los incrementos de 2022. Algo así como cuando en el sector de la construcción se revisó el cálculo del Upac. 
Para las EPS, las variables de atención han cambiado: las frecuencias en el uso de los servicios, por la siniestrabilidad, el nuevo perfil epidemiológico y la demanda por enfermedades de mayor costo, el cambio en los hábitos de los usuarios hacia mayor uso de controles (pospandemia y expectativas de la reforma) y un mayor envejecimiento de la población. 
El otro tema que es fundamental es la deuda que tiene el Estado con las EPS, con cifras que las afecta sensiblemente. Hay deudas que se refieren al pago de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC (PM) y pasivos en salud de la vienen de anterior administración ($2.466 billones), paradas muchas por revisiones y trámites. 
Según el ministro, el artículo 153 del Plan Nacional de Desarrollo da la posibilidad de pagar esas deudas, una vez sean reconocidas como deuda pública, lo que permite su cancelación con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación sin exceder unos valores máximos. Es un punto de quiebre de gran contingencia para las EPS y si hay solución no puede frenarse por razones operativas. 
Esperemos que la aceptación del gobierno de llevar a cabo las mesas de trabajo con el gremio de entidades de salud haga posible hacer converger esas líneas hasta ahora paralelas. Es un primer paso a una expectativa de acuerdo. 

La reforma a la salud debería dividirse en tres bloques de modo que se asegure sanear de primeras la situación financiera del sistema. El segundo bloque sería la inclusión de la prevención como pilar, que nadie niega como fundamental y el tercero, la posibilidad de decantar el revolcón al sistema que plantea el gobierno, porque en últimas puede ser una obsesión que no quiere la mayoría, que muy posiblemente se hará sentir cuando la vea ya encima.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI
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