La CP de 1886 (cuando las constituciones políticas se concebían en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y no como ahora, cuando el pueblo simplemente invoca Su protección) en su art. 42 nos enseñó -antes de que nos derogaron los conocimientos a los estudiantes de Derecho del Siglo pasado- que “la prensa es libre, pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública”.
Y aunque la CP del Ancien Régime fue “defenestrada” por la de 1991, ello no ha cambiado sustancialmente, pues el art. 20 de hoy garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, reconociendo que los medios de comunicación “son libres y tienen responsabilidad social” y, al efecto, para meterle freno a tal libertad -que tiende a convertirse en libertinaje en las democracias- protege los también fundamentales derechos a la honra de las personas (art. 21) y al buen nombre (art. 15), en estrecha relación con el principio de la dignidad humana, estampado desde el primer artículo de la nueva Carta Magna.
Es cuando aparece en el espectro el caso de Victoria Eugenia Dávila, exdirectora de noticias de la FM, donde la nombraron para acabar con una racha de antecesores que no pudieron levantar el ánimo de la audiencia y ella sí, hasta que la desnombraron, quizás por inmiscuirse de más en los vericuetos de esa taquillera radionovela montada contra la Policía Nacional titulada La Comunidad del Anillo, llena de intrigas y de emociones bajas (que también produjo “bajas” en la institución); pero lo novedoso es el capítulo del Coronel Hilario Estupiñán, excomandante de Policía de Casanare, hacia 2014, cuando la comunicadora sacó al aire unos audios y una “noticia judicial en desarrollo” que supuestamente lo enredaban en temas de corrupción.
Ella, sin ser Fiscalía ni ente de control disciplinario, lo crucificó y de contera entrevistó y confrontó al Inspector General de la Policía, General Yesid Vásquez a quien, en decir del texto del fallo confirmado “Presionó, increpó, exhortó a la entidad investigadora del aquí demandante, no solo para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que además prejuzgó su conducta tildándolo de corrupto”. Efectivamente, el oficial fue llamado a calificar servicios por cuenta del escándalo, pero tiempo después fue declarado inocente en el proceso penal y disciplinario que se le adelantó; demandó por responsabilidad civil a Victoria y a RCN y va ganando un pulso que incluye fallos ordinarios, tutelas, y seguramente va a resistir la revisión ante la Corte Constitucional. Y quedó mal parado el General, quien se dejó mandar por el “tonito” de la fogosa periodista (remember the Hassan affaire) quien le resultó “Generala”.
Post-it. La libertad de expresión, con “corona” en nuestro Estado Social de Derecho, debe tener contrapesos éticos para evitar el desmadre de la civilidad, pues so pretexto de aquélla no se pueden pisotear la honra y el buen nombre de personas que en vez de corona tengan kepis, hasta que se demuestre lo contrario.