No es extraño ver con frecuencia sentencias de los diferentes tribunales del país, incluidas las altas cortes, que versan sobre la obligación de cumplir con determinadas obligaciones de carácter ambiental y/o fijan sanciones por el incumplimiento de sentencias anteriores; sirvan a manera de ejemplo, la sentencia del tribunal superior de Cundinamarca sobre el rio Bogotá o la del tribunal superior de Santander sobre el rio Lebrija, o la más reciente de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato.
Existe un grupo de fiscales que investigan los delitos ambientales, que a propósito son bastante difíciles de determinar sin un fuerte componente técnico, que en general son trasladados de otras áreas de la misma entidad; ellos están comprometidos con la vigilancia y el control penal de los delitos contra el medio ambiente.
Tanto en la Procuraduría como en la Contraloría se encuentran grupos especializados en el tema ambiental, dichos grupos están conformados por funcionarios de diversas áreas y se dedican a la vigilancia fiscal y disciplinaria de los funcionarios que tienen que ver con el manejo del tema ambiental en el país.
Dado lo anterior cabría preguntarse ¿Por qué sigue sin encontrarse un buen manejo del sector en general? Y la respuesta sería relativamente sencilla, porque los funcionarios encargados de todo ello son en su mayoría funcionarios que, pudiendo ser de muy altas calidades profesionales, no tienen la capacitación técnica necesaria para entender la fenomenología de los temas ambientales y por lo tanto actúan con una lógica distante de dichos criterios; en la mayoría de los casos los problemas ambientales deberían ser tratados por equipos completos de profesionales de diversas áreas y con diversas apreciaciones y conceptos sobre el tema; esto no ocurre en los casos enunciados.
Es claro, entonces, que el aparato judicial y quizá en menor medida los entes de control adolecen de la falta de un equipo interdisciplinario, de altas calidades técnicas que soporte sus decisiones y analice en detalle los impactos o los daños que una u otra acción pueda causar; sin este soporte técnico es muy posible que los fallos se caigan en otra instancia por falta de sustento o bien generen obligaciones imposibles de cumplir por parte de los implicados. El establecer un código ambiental referente para la aplicación de medidas judiciales o de control ayudaría a mejorar notoriamente el sistema.
Es muy posible que pasen los años y no se logre la creación de un equipo independiente, con reglas y criterios claros y bien definidos. Entre tanto sería, por lo menos útil, generar procesos de contextualización y capacitación técnica en temas ambientales, los peritos no son útiles porque tienen necesariamente una visión propia de su profesión y de su experticia y podría ser una visión totalmente opuesta a la de un perito igualmente calificado, pero de otra profesión base.
Siendo un poco más específicos no será lo mismo en un peritaje el concepto de un ingeniero ambiental que el de un ingeniero forestal o que el de un biólogo; sin embargo, todos son profesionales con capacidad para ser peritos ambientales; por esto se requiere que los peritajes los realice un equipo interdisciplinario que garantice la integralidad del concepto.
En cualquier caso, lo que si deberá tenerse en cuenta es que es de suma importancia el fortalecimiento y capacitación de la justicia ambiental y que el país está en mora de hacerlo.
@alvaro080255