Hace varios meses me referí al Informe de la ONU sobre Colombia en 2023, que advertía sobre “la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados…”, como “un riesgo para la gobernabilidad en Colombia…”.
Se trata de un riesgo advertido por otras instancias internacionales, como el International Crisis Group, ICG, organización que, en una reunión auspiciada por la embajada de Irlanda, hizo una descripción descarnada de la violencia derivada de las luchas por el control de vastos territorios por parte de grupos armados ilegales para la explotación de sus rentas ilícitas.
Tan alarmante situación se da porque -afirma el ICG- “amplias zonas del país, donde vive casi el 15% de la población, no están efectivamente administradas por el Estado, sino que subsisten bajo el dominio de grupos armados criminales” que, a partir del abandono estatal, controlan territorios con una combinación de “seducción y violencia”.
Inicialmente apoyan obras públicas, dan mercados, regalos a los niños y empleo en sus “empresas ilícitas”, además de administrar justicia; pero luego reclutan informantes y cooptan las Juntas de Acción Comunal, en una “estrategia del miedo”, que incluye reclutamiento y abuso de menores, exterminio de “indeseables”, líderes sociales y colaboracionistas del ejército o de otros grupos armados, con los que luchan por el control territorial generando confinamiento y desplazamiento.
Esa es la realidad de la Colombia rural profunda, en la que, para el ICG, hay dos grupos vulnerables que son blanco preferido: las comunidades étnicas, por ser propietarias colectivas, “de cerca de un tercio del territorio colombiano, incluidas zonas ricas en minerales y con rutas de transporte fluvial”; y las Juntas de Acción Comunal, por su influencia en las comunidades y su capacidad de contratación.
Paradójicamente, se trata de dos grupos sociales protegidos por el Gobierno a partir de recursos que fluyen sin recortes. La ineficiente contratación mínima con las JAC para infraestructura básica siempre ha existido, pero el gobierno Petro pretendió volverla exclusiva para convertir a las JAC en “gestoras de la economía popular”, lo cual fue rechazado por el Consejo de Estado. Aun así, el gobierno seguirá potenciándolas. Según Colombia Compra Eficiente, entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron 2.227 convenios solidarios por $257.537 millones. ¿A dónde irán esos recursos, me pregunto, en Juntas bajo el control de grupos ilegales?
En octubre de 2023, la Comisión de Regalías del DNP, aprobó la fórmula de Asignaciones Directas para las minorías étnicas, la cual representa una partida de $220.000 millones para 2023-2024. De hecho, en año y medio, el Gobierno les entregó a 20 organizaciones la bicoca de ¡$198.237.808.986! en contratos para disímiles y extraños propósitos.
Hay más preguntas: ¿En medio de sus prerrogativas de autogobierno, que serán fortalecidas por un decreto anunciado por el DNP, esas minorías están sujetas al control fiscal? ¿A qué se destinan esos recursos, en un entorno de control de grupos armados en sus regiones? ¿Por qué el 49% de la coca, 150.000 hectáreas, está en Zonas de Manejo Especial (parques nacionales, resguardos indígenas y afrodescendientes y reservas forestales) con presencia de comunidades étnicas? ¿Acaso, sometidas e instrumentalizadas por grupos narcoterroristas, terminaron siendo “inversionistas” de coca con recursos de los colombianos?
¿La dominación territorial en los resguardos, protegidos por un régimen constitucional que conviene a los narcoterroristas para esquivar la justicia y la Fuerza Pública, expulsada muchas veces por comunidades instrumentalizadas, no es acaso cabeza de puente para la balcanización del país?; ¿Se puede extender luego a otras regiones dominadas? Pienso en Arauca, Meta, Catatumbo, el Caribe… Pienso en el futuro de Colombia como república soberana. La balcanización es un riesgo posible.
@jflafaurie