Sencillamente si no hay una política de reactivación de la economía, las personas seguirán gritando en los estadios. Si el presidente Gustavo Petro se hubiera liberado de sus posiciones antiguas y sistemáticas para gobernar y hubiera tenido la convicción de que, al recibir el país sobreviviente de la pandemia, tenía que disponer todas las intenciones y esfuerzos, en un claro mensaje e instrumentos de apoyo a la producción, otra historia se cantaría.
En un inicio de gobierno, en total contraste, los sectores productivos, posiblemente basados en su confianza y propia necesidad, admitieron la carga, a pesar de las afugias del desaceleramiento, y aceptaron las obligaciones de la reforma tributaria, en la conciencia de la postpandemia.
Se habla entonces de conceptos elevados como la economía popular, que hasta ahora se encuentra en definición y que la ciudadanía no comprende. Una luz en el borde de la ventana proyectó, esta semana, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con varios de sus anuncios y lanzamientos hechos en el Encuentro Nacional y Asamblea de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación 2023.
Uno de ellos, es la introducción del llamado cambio en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que resalta, como era de esperarse, la incursión en el territorio, en los términos muy propios del gobierno, que es un deber constitucional en cuanto somos una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, según la Carta Política de 1991.
En este sentido, “el cambio” se propone ser el apoyo en el diseño de las políticas locales de productividad, competitividad e innovación, que incluye que los alcaldes, o las personas de provincia, como se decía antes, tengan una puerta más expedita para sentarse con el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Sistema en general, es decir con las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas, incluidas mesas de trabajo al interior de las regiones.
En alusión entonces a la economía popular, se puede deducir que la mayor pretensión es construir de “abajo hacia arriba” las vocaciones productivas por departamentos. Algo parecido al programa, en su momento, del precandidato a la presidencia Juan Carlos Echeverry. Esta vocación regional, es por supuesto, un asunto fundamental que no tendría reticencia dentro de un acuerdo nacional. La economía apremia.
La inspiración de una Agenda Nacional de Competitividad e Innovación -Anci- basada en las 32 Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación -Adci- como se pretende, es un propósito loable que seguro la oposición reflexiva y la fuerza empresarial, industrial y comercial, apoyarían.
No obstante, la estrategia de acompañamiento a las Comisiones Regionales desde el programa de Colombia Productiva que dibujarían el mapa de las apuestas productivas y proyectos de alto impacto contaría con 1.340 millones de pesos entre el 2023 y 2024, que es un buen comienzo, pero no deja de ser un presupuesto módico.
Quedamos a la espera del Conpes de la Política Nacional de Reindustrialización como soporte a un eslabón de la economía, que tiene que involucrar a la cuarta y quinta revolución, que ya están ahí, implementar tecnología e inteligencia artificial, que requiere dar confianza a la inversión. Mal sería quedarse en el inicio del desarrollo industrial.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI