Hace unos días, el Sistema Universitario Estatal SUE expresó su colaboración al gobierno nacional en el sentido de aportar sesenta mil cupos a la meta de 500 mil necesarios para cumplir con las promesas de campaña. Las Instituciones de Educación Superior de carácter público, corresponden al 11,6% del total de 193 (151 privadas y 43 públicas) que integran el sistema de la educación superior en Colombia, bien sea con el carácter de universidad o de instituciones universitarias.

¿Qué ocurre con el otro 88,4%? Si sólo aplicásemos las matemáticas, las IES privadas podrían aportar 457.241 cupos a un costo más reducido que el de la educación superior pública; sin embargo, el 14 de octubre de 2022, en el Consejo nacional de Rectores de ASCUN se ofrecieron al ministro 200.000 cupos, que están a la orden, por lo menos en unas 60 instituciones privadas que hacen parte de esa Asociación.

El acceso a la educación superior en Colombia para 2021, en cuanto a la matrícula total, fue de 2.448.271 estudiantes, lo que representa un aumento del 3,93% respecto a 2020, pero, es tan solo del 53,94% de la población de bachilleres el acceso, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional -Snies-

Esto significa, que casi 47 de cada 100 bachilleres en Colombia no tienen posibilidades de acceso a la educación superior, pero, tampoco son absorbidos por el mercado laboral y, según lo informa el Observatorio de la Universidad Colombiana, hay casi tres millones de jóvenes entre 14 y 28 años que no estudian y no trabajan.

Las cifras son preocupantes, toda vez que Colombia tiene unos compromisos a nivel internacional, que muestran que nuestra condición de sociedad culta representa 23,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de las economías de la OCDE, que están en el 75,1%, es decir, sólo llegamos a una élite, que aunque no está en los estratos 5 y 6, sí representa la oportunidad para los estratos 1, 2 y 3, que corresponden al grueso de la población de las instituciones de educación superior, que complementan así la labor del Estado en el acceso al conocimiento.

La eficiencia, equidad y el establecimiento de metas de calidad, en materia de educación superior, se logra con el concurso de las estatales y las privadas, pero se requieren, igualmente, incentivos para la modernización de las instituciones educativas y para promover la sostenibilidad económica a la que obliga el decreto 1330.

Las alertas sobre el comportamiento de la matrícula en la educación superior, por ser éste parte de un servicio público, requiere del apoyo gubernamental; vale la pena desmitificar que según un estudio de Carlos Rincón Quiñones y Andrés Felipe Espitia Suárez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la hipótesis de un cambio demográfico como explicación para la caída de los estudiantes nuevos en educación superior no es consistente, pero sí si existen cambios en la preferencia de los jóvenes por la educación superior y la percepción de utilidad de la universidad, como causa para entender la caída en el ingreso de estudiantes nuevos.