A más de treinta días caóticos, comienzan a brotar sucesos y propuestas exóticas sobre las que bien vale la pena reflexionar.   Comencemos con la visita de la CIDH que viene a verificar si hay violaciones de derechos humanos en el marco del “estallido social”. Por supuesto que las hay de parte de la autoridad por el ejercicio exagerado de la fuerza en varios casos y de los delincuentes infiltrados que atacan a los agentes del orden y a los manifestantes con armas; cientos de videos e inicios de investigaciones dan cuenta de ello. Lo que hay que hacer es investigar y sancionar a los responsables.

Llama la atención que la misma Comisión no ha estado tan activa para verificar si se violan o no los derechos humanos en las protestas sociales que han ocurrido en USA ante el exceso de la fuerza pública frente a los afrodescendientes, ni en la vecina “republiqueta” de Venezuela. 

El Gobierno envió señales encontradas, muy soberanas en principio, reclamando el derecho a investigar primero; luego cedió ante la presión  de algunos “alaracosos”. La verdad es que el sistema interamericano no está diseñado para transmitir  “in situ” las protestas sociales, ni para acompañar las investigaciones; si un Estado viola los derechos humanos, la Corte Interamericana lo debe condenar. Esa es su competencia.

Por lo menos exótico resulta el Decreto Ejecutivo Ordinario 575 del 28 de mayo, donde el Gobierno decide cumplir sus obligaciones constitucionales de mantener el orden público, ordenando a gobernadores y alcaldes, que se coordinen con las autoridades militares para afrontar y superar los hechos que alteran la seguridad y la convivencia. Esto se podía hacer sin necesidad de formalidades. Para dar órdenes a sus subalternos, basta descolgar el teléfono.

Pero además, se corre un gran riesgo, y es que como están las cosas alguien demande el Decreto y se caiga; ya la oposición le hizo varios cargos de inconstitucionalidad. Así quedaríamos en el peor de los mundos, sin que el Presidente pueda cumplir su obligación de mantener el orden público y los mandatarios regionales su misión, como agentes del Gobierno central para el mismo propósito, de atender sus instrucciones.

Salta una interesante propuesta del distinguido exprocurador y expromotor de la constituyente para avanzar en una consulta, como mecanismo de participación ciudadana, a fin de  priorizar, por el voto popular, las reformas sociales más importantes que reclama la ciudadanía. Bien intencionada, pero peligrosa la propuesta, por ser la forma de darle continuidad a la protesta.

La Constitución está cargada de propósitos sociales que no pueden cumplirse, pues el Estado no tiene los recursos para llevarlos a cabo; basta señalar la educación, la salud, trabajo y la vivienda y, ahora,  se propone que la gente las jerarquice por voto popular, sin preguntar de dónde van a salir los recursos para atenderlas. Vamos a apagar el incendio con candela ¡Qué tal si mejor nos gastamos los enormes costos de la consulta en la adquisición de vacunas!