Los colombianos tenemos hoy el desafío de apostarle a la esperanza. Darle una oportunidad a la nueva administración de gobernar para todos y no permitir que nos sigan llevando a la polarización insensata, como parte de una estrategia diseñada para futuras elecciones. 

Oponerse por oponerse a un gobierno que no ha comenzado, es una irresponsabilidad.
Por eso el país sigue, con mayor atención que de costumbre, los preliminares de la próxima administración. Como los días iniciales son decisivos, no sería lógico envenenarlos con una nueva polarización, que repita lo vivido en la que ahora debemos enterrar definitivamente. Hasta el más perogrullesco analista de la coyuntura colombiana intuye lo nocivo que significa seguir en las mismas. 

No podemos permitir que estos prestidigitadores del mal nos atrapen, otra vez, en la red de falsos dilemas, como el de exigir al nuevo Presidente elegir entre la lealtad a su mentor o la traición a sus principios para complacer a sus detractores, mientras pasan por alto los asuntos que realmente nos atañen a todos.
Hay hechos cumplidos que no se pueden ignorar y posibilidades de enmendar sus consecuencias, sin que signifique una derrota póstuma de otras administraciones, ni aplastamiento de personalidades o instituciones. La circunstancia de haber estado en desacuerdo en el pasado, no obliga a mantener la discordia por toda la eternidad.
El país prefiere escuchar propuestas de reconciliación y anuncios de voluntad de reconstruir las bases de acuerdos futuros. No quiere prolongar los enfrentamientos característicos de una campaña electoral. ¿Siguen sin darse cuenta de esta realidad? 
Ya se plantearon temas centrales que exigen atención inmediata. ¿Qué hacer con la JEP? Nació en medio de la controversia y de una profunda desconfianza por los primeros síntomas de sus sesgos ideológicos. Sin embargo, es necesario un compás de espera. El mundo los mira. Y en la JEP no reside toda la transformación que necesita la justicia. Es sólo una parte.
Las pensiones requieren atención inmediata pero, por lo mismo, no pueden ser objeto de medidas apresuradas, que desatarían justas reacciones capaces de romper la paz social que aún subsiste. Allí hay mucho más que las discusiones sobre el cálculo de las mesadas y los requisitos para recibirlas. Y a un país con los problemas que se hicieron evidentes en esta etapa de agitación no se le puede agregar una bomba detonada por el apresuramiento y la incomprensión. ¿O hay alguna manera de explicarle a los millones de colombianos que cotizaron dentro de los mecanismos inventados por el Estado, que los ahorros de toda su vida quedaron en el aire? 
Además, en el tema va envuelto algo esencial dentro de cualquier sistema jurídico, que afecta cada segundo de la vida diaria de absolutamente todos los colombianos, y condiciona sus relaciones entre ellos y con países, empresas e individuos del mundo entero: los derechos adquiridos. ¿Se respetan o no?
La misma pregunta debe tener respuesta específica, clara y definitiva en relación con la propiedad ¿Se respeta la propiedad privada? ¿Toda? ¿O una parte sí y otra no?
El afán de estudiar los nombramientos que se anuncian no es simple curiosidad. Hay un verdadero interés en saber quiénes conformarán el Gobierno encargado de responder por estos temas que no son simples inquietudes pasajeras.

Es la hora de la sensatez.