“Es tiempo de morir”, dijo el asesino que entró como Pedro por su casa a la escuela de Uvalde, en Texas.
Vaya uno a saber si era un psicópata, pero lo más probable es que solo fuera un desadaptado, un sujeto con personalidad disociada.
Lo importante es cómo frenar esta cadena de crímenes, estimulada también por el voluminoso despliegue mediático que convierte a un desalmado en una estrella póstuma. Póstuma, pero estrella, al fin y al cabo.
Podría pensarse en limitar la Segunda Enmienda constitucional, aquella que consagra el derecho (inalienable) a poseer y portar armas.
Lo cierto es que, con Segunda Enmienda, o sin ella, un asesino se las ingeniará para cumplir su cometido, a menos que la sociedad esté verdaderamente empoderada y decidida a impedírselo, cueste lo que cueste.
Pero en EE.UU. hay un problema enorme en lo que tiene que ver con el desempeño de la policía.
Conviene recordar que desde la masacre de Columbine, en 1999, se les indicó a los agentes que, en vez de sentarse a esperar a que las fuerzas especiales (SWAT) llegasen al lugar de los hechos, los oficiales tenían que enfocarse, ‘ipso facto’, en neutralizar al tirador.
Sin embargo, ahora, 23 años más tarde, los oficiales hicieron precisamente lo contrario.
En la práctica, eso significa que, (a) la información suministrada por los ciudadanos, (b) el despliegue rápido de los oficiales, y (c) la seguridad privada, conforman una trinidad valiosa e insustituible para disuadir a los maleantes.
Por supuesto, esta trinidad tiene que salvaguardarse de las excentricidades que algunos quisieran conferirle.
Por ejemplo, parece que en los acontecimientos de Texas algunos parientes de los alumnos acudieron armados a la escuela y, al ver la parálisis de la policía, querían intervenir por cuenta propia, incurriendo así en una conducta humanamente comprensible, pero en todo caso caótica, peligrosa e ilegítima.
Asimismo, algunos sectores han sugerido que los profesores deben ir armados y recibir entrenamiento para repeler a los agresores.
Con cierta ligereza, esta tesis podría ser defensible, pero si se analiza con detenimiento, descargaría en el profesorado una responsabilidad que no le es propia y distorsionaría su misión social cuando, precisamente, para eso es que se recurre a las compañías privadas de seguridad.
En conclusión, los colegios, entendidos como “espacios inviolables de paz” tendrán que dotarse de perímetros sólidos de seguridad (muros, concertinas, identificadores, un solo punto de ingreso, cámaras, alarmas) pero también de contratistas capacitados para usar la fuerza contundente.
Y nadie lo ha expresado con mayor nitidez que Andrew Pollack, el padre de una niña sacrificada en la masacre de Parkland (2018): “No hay razón por la que podamos otorgarle 40 mil millones de dólares a Ucrania (por ahora) ¡y no tengamos cómo proteger a nuestros niños!”.