Con buen juicio, la ministra Cecilia López aterrizó las posibilidades de compra de hasta tres millones de hectáreas en el marco del convenio suscrito con Fedegán para ese propósito.

“Si en total llegamos a comprar 500.000 al año (…) somos unos magos”, dijo la ministra, y concuerdo con ella, no solo por el reto operativo y económico, sino porque, pocas o no tantas como se quisiera, pero el Gobierno ya tiene disponibles las que dejó la pasada administración en la Agencia Nacional de Tierras, ANT, además de las que se encuentran en proceso de extinción de dominio o ya con sentencia en la Sociedad de Activos “Especiales”, demasiado eufemismo para los provenientes del narcotráfico y de todo tipo de delitos.

En efecto, la reforma agraria verdaderamente INTEGRAL -no me alcanzan las mayúsculas para enfatizar esta condición-,  tiene diferentes fuentes de adquisición de tierras productivas y, así las cosas, mientras desarrollamos conjuntamente el cómo del Acuerdo firmado con Fedegán para la compra directa, bien haría el Gobierno en preocuparse por el cuándo de la reforma y en dar los primeros pasos con las tierras disponibles, que si tienen vocación ganadera y, sobre todo, si la tienen sus nuevos propietarios, estaremos dispuestos a brindar asistencia técnica y extensión a los primeros proyectos asociativos de ganadería sostenible.

Hay que empezar ya, pero también es importante, sobre la base del compromiso de Fedegán de facilitar la compra de la que sea necesaria, conocer con mayor precisión cuánta tierra está disponible y cuánta requeriría comprar el Gobierno.

En mayo de 2020, la entonces directora de la ANT, anunciaba que el Fondo Gratuito había llegado al millón de hectáreas, aunque, escarbando cifras, más de 740.000 eran baldíos. Un año después, la cifra de entrega al nuevo gobierno era de 1,7 millones de hectáreas listas para entregar. Razón tiene la ministra en no corroborar esa cifra hasta no confirmarla, echando mano de una acotación lapidaria: “Si estuvieron tan listas por qué no las entregaron”, no sea que pase lo de la SAE, digo yo, que a la hora de la verdad no haya tierra ni haya nada. 

Sí, porque esa es la historia de la SAE, digna heredera de la DNE, y de esa ingenuidad nuestra de pensar que “rebautizando” una entidad limpiamos su pecado original de corrupción, que no es otra cosa que el testimonio arrogante del poder del narcotráfico.

El 5 de agosto, el director saliente informó de 450.000 hectáreas rurales, pero el actual, que además destapó una situación de desorden, se refirió a solo 65.000 caracterizadas hasta ahora, pero también se habla con insistencia de apenas 33 mil que estarían disponibles.

Cualquiera que sea la cifra, insisto en la integralidad, y en el cuándo, pues de nada sirve tener las tierras si no se tiene el acompañamiento, comenzando por otro elemento de suma importancia: la asociatividad, quizás en unas condiciones especiales y temporales dentro del sistema solidario, pues no se trata de que estas comunidades compitan con ventaja con otras cooperativas, sino de que puedan “sacar la cabeza” e incorporarse a una economía campesina rentable, capaz de construir una nueva clase media rural.

En fin, son más aportes al cómo, pero ya es importante el cuándo, repito, con una clara señal de que el proyecto de distribución de tierras va en serio, entregando las de la SAE que estén disponibles, así sea en comodato, mientras hay sentencia judicial, como lo propusimos en el Documento Técnico que ya entregamos al Gobierno.

Comienzo tienen las cosas… y el país quiere ver ese comienzo.

@jflafaurie