Contrasta la manera como se preparó y ejecutó el asalto a la Embajada de la República Dominicana, con el asalto al Palacio de Justicia.
El propósito de quienes ocuparon la Embajada Dominicana no era, evidentemente, la toma del poder; con su operación ni siquiera comprometieron seriamente la autoridad del Estado.
Jaime Castro, convertido en testigo de excepción en el Palacio de Justicia, expresaba: “La toma del poder se dirigía contra el sistema mismo, su institucionalidad y autoridades, contra el orden constitucional vigente, contra el Estado como un todo, cuya organización se pretendía subvertir”.
“En documento impreso próximamente, me referiré a las diferencias existentes entre estos dos acontecimientos, estableciendo la chispa que prendió el fuego trágico de ese día en el Palacio de Justicia.
En cuanto a la acción del ejército, así el presidente de la República haya ordenado o no el operativo militar, el ejército tenía la obligación de cumplir con un deber constitucional, cuya finalidad es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
Hay que decirlo gráficamente, el ejército al cumplir su misión constitucional “no iba a jugar cartas con los terroristas del M-19, tampoco asistiría a un desfile de modas...”
Igualmente, los periodistas bien intencionados creyeron que lo más importante era narrar los actos de violencia cometidos por los asaltantes. La información tal vez imparcial, convirtió inexorablemente al gobierno en enemigo del pueblo.
Opinión de doctor Alberto Casas:
Interesante y ordenada la comparación entre dos episodios deshonrosos de la historia de Colombia. Recuerde Usted que el profesor Estanislao Zuleta decía “el problema era que todo el mundo se considera competente en lo que nunca ha estudiado”.
Su caso particular es un ejemplo de lo contrario.
Los hechos recordados por usted, en buena hora, tuvieron el desenfoque de interpretación maliciosa porque vivimos en un mundo de libertad que da para todo. A veces con responsabilidad y a veces sin ella y con propósitos turbios motivados por el odio.
El esfuerzo suyo busca la verdad con argumentos respetables que aplaudo y evita el error frecuente de juzgar los hechos pasados como si se hubieran presentado en el momento en que se redacta el concepto crítico. Cada gobierno actuó con su criterio, pero en ambos casos con el ánimo de acertar y no de equivocarse.
Las complicaciones que han suscitado opiniones adversas al manejo de ambos conflictos son posteriores a la etapa final de los desalojos de las sedes tomadas a la fuerza por el M-19. Ahí si faltan más reflexiones para establecer el valor de las pruebas por denuncias de violación de derechos humanos que se hubiesen podido presentar y en los que la responsabilidad de los jefes de Estado de la época quedó a salvo de toda sospecha.
La publicación juiciosa de Luis Carlos Peña contribuye a la búsqueda de la verdad incompleta de la toma a fuego del Palacio de Justicia. Lo saludo con consideración y aprecio”.