Era necesario promover un gran acuerdo nacional que busque rescatar los aspectos positivos que ofrezca el Acuerdo que no fue refrendado en el plebiscito del pasado dos de octubre. Hay que consensuar con las diferentes expresiones de la sociedad los ajustes que en forma inexorable se impone introducirle al Acuerdo Final de Paz, como consecuencia del triunfo del No en las urnas.

La convocatoria del plebiscito, que alcanzó a dividir a los colombianos por percepciones distintas sobre su alcance y conveniencia, curiosamente, una vez conocidos los resultados y con base en la urgencia de oír a quienes se expresaron por el No, está generando las condiciones para distensionar el ambiente de animosidad que venía rodeando este proceso y propiciar el espacio para encontrar fórmulas y mecanismos que permitan adecuar el Acuerdo para el logro de la paz a que tanto aspiramos.

Por ello hay que evitar a todo trance las imposturas y el lenguaje altisonante que sólo sirve para enrarecer el ambiente y obstaculizar la construcción del camino que se requiere para alcanzar esa legítima aspiración de los colombianos.

No resulta admisible sostener que el acuerdo firmado con las Farc está vigente. Hay que recordar que el último artículo del acto legislativo para la paz sujeta su entrada en vigencia a la refrendación popular que no se obtuvo.

Debemos reconocer que parte de las preocupaciones de quienes votaron por el No tienen que ver con el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz y, en particular, con la creación del tribunal de paz y las competencias que se le asignan. Este sería un tribunal de cierre a cuyas decisiones no les cabría siquiera una acción de tutela; al mismo tiempo, concentraría funciones de tipo fiscal y disciplinario. Este tribunal juzgaría no sólo los delitos cometidos por las Farc, sino a los agentes del Estado y miembros de la sociedad que hayan participado en la confrontación con esa organización armada ilegal.

De otro lado, las penas a imponer se conciben más como medidas de restricción de la libertad y la ciudadanía quiere algo de privación de la libertad para los delitos de mayor gravedad. Del mismo modo, persisten inquietudes con la conexidad del delito político con el narcotráfico, el fondo para la reparación de las víctimas -las Farc habían dicho que no tenían bienes- y las circunscripciones especiales en las regiones.

Por otra parte, es equívoca y audaz la iniciativa de elevar a la categoría de acuerdo especial el Acuerdo de Paz en el marco del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra para integrarlos al bloque de constitucionalidad.

En estos momentos de incertidumbre celebramos que se hubiera abierto un diálogo entre el Gobierno y voceros muy autorizados del No, como son los expresidentes Uribe y Pastrana, lo mismo que dirigentes como Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez, la representante de Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo y otros. También destacamos la importancia de las movilizaciones estudiantiles propugnando por la paz como el gran anhelo de los colombianos.

Hay que consultar oráculos más altos que nuestro duelo, prescribía el poeta.