Hace algunos meses, en esta columna, alertamos sobre las devastadoras implicaciones de la trata y explotación sexual de menores de edad, una situación dramática que afecta tanto a niñas y niños en Colombia, en ciudades como Medellín, Cartagena, Cali, Cúcuta, Leticia y muchas más; como a nivel global. La semana pasada, diversos eventos nos recordaron la importancia de mantenernos activos y vigilantes frente a este flagelo.

La trata de personas, particularmente la explotación sexual infantil, es uno de los crímenes más atroces que puede enfrentar una sociedad. Niñas y niños víctimas de explotación sexual no solo sufren daños físicos y emocionales, sino que sus oportunidades para el desarrollo integral quedan truncadas. La infancia es robada sin piedad, y las secuelas del trauma pueden durar toda la vida. Estos menores de edad, pierden no solo su libertad, sino la posibilidad de una vida digna.

Frente a la magnitud del crimen, la reacción del Estado debe ser contundente e inmediata. El sistema judicial: Fiscalía y jueces, y de la Policía no puede darse a errores o a demoras que impidan la justicia efectiva. Tampoco se pueden demorar las acciones de protección y restitución de los derechos humanos de los menores de edad afectados. Cualquier retraso puede traducirse en la prolongación del sufrimiento de las víctimas y en la consolidación y permanencia de las redes de trata, perpetuando el daño a más y más menores. En resumen, es vital que el Estado actúe con absoluta celeridad para garantizar la protección de los menores de edad víctimas, sancionar a los responsables y desmantelar las redes de explotación.

En este contexto, la película Sonidos de Libertad, basada en hechos reales, dio visibilidad a la trata de niñas y niños y a la explotación sexual, generando un necesario debate sobre la urgencia de tomar medidas. La semana pasada, diez (10) años después de la operación que denunció la trata de niños en Colombia, recogida en la película, cinco personas fueron condenadas a varios años de prisión, en primera instancia. Aunque la justicia finalmente llegó, este caso subraya la lentitud con la que a veces funcionan los sistemas. La demora en la resolución de casos de trata es un doble golpe para las víctimas: no sólo sufren el trauma de la explotación, sino que deben esperar años para ver a sus agresores rendir cuentas.

Adicionalmente, el pasado viernes, en Medellín, la Policía recapturó a un ciudadano estadounidense vinculado con otros casos de explotación sexual de menores de edad.  El hecho puso de relieve la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y vigilancia en áreas de alto riesgo en las ciudades, y si bien muestra un compromiso de las autoridades en la recaptura, hace necesario revisar los protocolos de la policía para garantizar que los formalismos incumplidos, permitan dejar libres a quienes han sido ya capturados.

También en Medellín se firmó una alianza entre representantes de la empresa Airbnb y la Alcaldía, que puede ser clave en la lucha contra la trata. Entre las medidas implementadas se incluyen la eliminación de anuncios que violaban la prohibición de la explotación sexual. Ahora, cualquier huésped que quiera reservar alojamiento a través de la plataforma, debe declarar que comprende y acepta las políticas que la empresa ha incluido y que expresamente prohíben el trabajo sexual y el mal llamado turismo sexual. Esto, junto con el entrenamiento a las autoridades locales y la colaboración activa frente a las investigaciones. Lo que evidencia que empresas grandes o pequeñas, si pueden realizar acciones adicionales de protección.

Como lo demuestra el caso de Medellín, las alianzas estratégicas pueden marcar la diferencia. En esta lucha, el silencio no es una opción. Las demás ciudades de Colombia, deben conocer para replicar la experiencia y ratificar su compromiso para actuar con urgencia y determinación.