ME he preguntado hasta el cansancio si yo fui la más de malas durante el Gobierno de Juan Manuel Santos al dirigir una entidad como el Sena, en donde además de haber descubierto que se perdieron mil Lamborghinis (ahora la moneda más útil para expresar la corrupción) es decir, un billón de pesos, también tuve que enfrentar la forma como se pretendió someter la entidad al delirio de garantizar la paz por medio de las elecciones parlamentarias.
Me explico. Desde Palacio de Nariño recibía llamadas diarias con instrucciones precisas de recibir a tal senador o fulano representante por parte del conocido “hombre del computador”, que para mí tiempo se llamaba Juan Valdés, un áulico de Alfonso Prada. Y llegaban los fulanos parlamentarios a decirme que en palacio ya les habían autorizado tantos miles de millones de pesos para hacer campaña y según ellos que yo debía autorizar tal o cual contrato de la entidad para tal fin. Estupefacta le respondí una vez a uno de ellos que eso era robar y que por qué más bien no pedía un préstamo al banco. Acto seguido yo llamaba al señor Valdés y le pedía que no me mandara más ese tipo de reuniones.
La desfachatez para tener gobernabilidad y sostener el acuerdo de paz se hizo usando las entidades del Estado como cajeros automáticos. Repito, tal vez solo pasó conmigo, porque hasta la fecha fui la única de las 191 entidades del gobierno Santos que levantó la mano al respecto. Puede que en efecto haya sido la más de malas. No permití que se giraran los recursos y me opuse a muchos contratos que sabía iban a ser usados para beneficios privados.
La guerra se tenía ganada militarmente y fue un canje funesto negociar en los términos en los que se negoció porque se doblegó la institucionalidad y el Estado de Derecho. Yo voté por el sí y lloré cuando ganó el No, y me aterré cuando Santos desconoció el resultado de las votaciones. Los influenciadores levantaron su voz para defender la paz, pero hasta la fecha lo han hecho a costa de los intereses del país y da tristeza verificar cómo defienden los intereses particulares de la “oligarquía” de la guerrilla. Tal vez si no se hubieran robado todo lo que se robaron, los proyectos productivos para la guerrillerada se hubieran podido hacer y con ello la construcción real de la paz. Pero esa plata se la mecatearon y en el Yarí, Pondores, la Carmelita, etc, se quedaron con los crespos hechos.
La impunidad reinó y desocuparon las arcas del Estado cuya consecuencia la sufre el gobierno de Duque y los ciudadanos que tenemos que pagar con nuestros impuestos. Mientras tanto personajes como Santrich siguieron delinquiendo porque sabían que la impunidad los iba a proteger más allá de unos acuerdos. Todo eso es corrupción. Y mientras sigamos en un Estado secuestrado por los corruptos, no vamos a superar la trampa de la impunidad. De eso tendrán que encargarse las nuevas generaciones de líderes políticos que estén dispuestos a jugársela por la ética, la ley y la construcción real de una economía sólida. Lo demás, será continuar haciendo venias a una paz que tiene mucho de nombre, pero muy poco de realidad.