Son días difíciles en un vecinario combulsionado. Nos movemos en tierra movediza si observamos lo que está pasando en Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela. Todos estos sistemas con características particulares están sometidos por la crisis. Desde luego no es comparable la situación de la dictadura atroz de Venezuela, con los problemas de gobernabilidad en la democracia chilena. Pero hay un factor común que se extiende en la región y es la inestabilidad en las reglas de juego.

La seguridad jurídica se está quebrando y es fundamental restablecerla para garantizar estabilidad política y económica, y así buscar las soluciones sociales que requiere la región.

Colombia es un país estable. Sus instituciones son sólidas. Aunque nos falta aún mucho camino por recorrer en equidad social, se viene avanzando y uno de los factores determinantes para lograr mejores resultados es la inversión. Hacer de nuestro país una zona atractiva para la inversión nacional y extranjera debería ser un propósito de todos. Es muy grave espantar o asustar capitales sanos.

Un paso determinante en ese sentido es tener lo antes posible aprobada la Ley de Financiamiento. Desde el sector privado se ha hecho un insistente llamado al Congreso de la República sobre la urgente necesidad de su aprobación.

El país hoy más que nunca necesita seguridad jurídica, estabilidad financiera y claridad absoluta en sus normas. Solo así garantizará desarrollo.

La Corte Constitucional declaró inexequible por trámites de forma esta ley. Para la Corte se presentaron vicios en la publicidad del proyecto. Los magistrados no hicieron reparos de fondo, lo que, en consecuencia, la deja practicamente lista para su aprobación nuevamente en el Congreso. 

El texto original genera confianza y busca el fortalecimiento empresarial, por eso se hace urgente tramitarla y aprobarla a la mayor brevedad posible.  

La demora afecta de forma grave la credibilidad institucional y atenta contra la estabilidad financiera. Sin esta ley el país va a perder competitividad frente a otros países y eso no es positivo en la coyuntura que sufre hoy América Latina.

La industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, entre 2013 y 2018 alcanzó inversiones por más de 23 billones de pesos. Durante 2018 esto representó aproximadamente el 2,4% del PIB nacional y en el mismo año generó de forma directa e indirecta 130.000 empleos.  

La industria, entre sus prioridades, tiene el reto de cerrar la brecha digital. De conectar a todo el país y masificar el uso de internet. El 50% de la población hoy no lo tiene. Así mismo, tiene la menor penetración de banda ancha móvil entre los países de la OCDE y el menor nivel de uso de datos. 

El exceso de regulación y las cargas económicas también impiden que Colombia se acerque a los niveles de la OECD. Según estudios de reconocidos organismos internacionales, el país presenta una de las tasas impositivas más altas de la región. 

La industria Tic ha sido consistente en solicitar que la gestión y objetivos fiscales estén articulados con los objetivos públicos de llevar conectividad a todo el país, lo que debe ir a la par con eliminar o revaluar las barreras económicas existentes que imponen más cargas al usuario para ejercer su derecho fundamental de acceso a las comunicaciones y a la información.

Se precisa además la eliminación del impuesto al consumo a los servicios móviles y el impuesto al teléfono que imponen arbitrariamente algunos municipios. Así como la reducción de la contraprestación de servicio universal que hoy es el doble de la región y la eliminación de los altos costos por la utilización del espectro soporte (es 10 veces más caro que el promedio internacional) y la prohibición de cobros ilegales por uso de espacio público por tener redes de telecomunicaciones.  

La ley de financiamiento -como fue aprobada inicialmente- genera confianza y fortalecimiento empresarial y fijo reglas claras que garantizan la estabilidad financiera. Su aprobación se convierte en la mayor prioridad a la que debemos apuntarle todos los colombianos.

No podemos caer en el juego de acciones y posiciones desarticuladas que no consultan una visión a largo plazo y no evalúan los grandes efectos que ocasionaría la falta de financiamiento.   

*Presidente de Asomóvil