Permítaseme la licencia de comenzar estas líneas manifestando mi solidaridad con el señor expresidente Álvaro Uribe, espero que supere estos momentos álgidos en compañía de los suyos y con la mayor tranquilidad posible.
Desde hace algunos años se ha venido hablando sobre la necesidad de un control adecuado en temas ambientales, se ha planteado el fortalecimiento de la rama ambiental de la Fiscalía y se ha establecido la necesidad de una justicia ambiental y de una policía ambiental; a la fecha, todo se ha ido en palabras y en buenas intenciones; pero como decían las abuelas “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.
La realidad de hoy nos indica que la capacitación de todos y cada uno de los entes responsables de impartir justicia y de ejercer control es bastante discutible; en la policía no existe un plan de capacitación específico que permita dedicar algunos efectivos a este tema en concreto, en la Fiscalía la función de lo ambiental se delega sin tener en cuenta la formación profesional en el tema, los jueces son jueces civiles o penales normales y sin preparación específica en el área que se les encomienda, aún mas grave, el juez de última instancia es la H. Corte Suprema que no está compuesta por expertos en el tema, y las CARs se han constituido en fortines políticos que contratan no siempre haciendo primar el criterio técnico,
Con este cuadro, las posibilidades reales de controlar el cumplimiento de las normas, amplias por cierto, es prácticamente nulo; hace entonces sentido la antigua propuesta de solidificar la estructura de control ambiental del país, hace sentido que se analice cuidadosamente la posibilidad de una reforma integral del SINA y paralelo a ello una reestructuración de la justicia ambiental.
Se, por cuanto fui su profesor, que hay algunos pocos oficiales de diversas fuerzas, que han cursado estudios de maestría en temas atinentes a la gestión y al control ambiental; también hay varios abogados que tienen las mismas credenciales y otros muchos profesionales de varias disciplinas que están en similares condiciones; cabe entonces tener algunas esperanzas de que la autoridad ambiental promueva adecuadas reformas que reglamenten varios aspectos del área ambiental.
Para comenzar se debería reglamentar el ejercicio de la consultoría ambiental, la forma y requisitos de contratación de los funcionarios de las CARs, la formación o capacitación requerida para ser fiscal en lo ambiental; también sería muy importante la creación formal de la policía ambiental.
Esperamos que se oiga algún planteamiento del Ministerio de Ambiente, que hoy está brillando por su silencio.
@alvaro080255