Tremendo jaleo se armó en el país por cuenta de las vacunas y la confidencialidad en su contratación; una discusión parecida a las que ocurrían en Bizancio, absolutamente inútiles. Sobre cuántas son las dosis de vacunas que el Gobierno piensa adquirir en un primer envión, es cosa que se publicitó por el mismo Ejecutivo; sobre quiénes son los proveedores de dichas dosis, también, es cosa de notorio conocimiento, por publicidad del Gobierno; cuáles son los recursos que se van comprometer para la adquisición de esas dosis; además, es un asunto de conocimiento público, por cuanto el mismo Gobierno lo dio a conocer. Cómo se va a priorizar la vacunación, quienes son el primer grupo y cuáles los siguientes, es cosa que se sabe y se viene recalcando desde hace rato y se hará además por decreto gubernamental según se ha anunciado. Entonces, ¿cuál es el asunto de la confidencialidad, de donde salió y sobre que versa dicho deber de secreto? Este es el quid de la discusión que se ha venido dando en el país.
Por lo pronto, la angustia de la gente es sobre cuándo se va a empezar a vacunar la población. Se observa en los medios, que todo Europa comenzó a vacunar, lo mismo Estados Unidos en América, Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá e incluso Venezuela está colocando a la población la vacuna rusa, y acá en Colombia se nos ha dicho que hasta febrero se empieza el proceso y cuando pretendieron que el Gobierno fuese más específico, salió como respuesta el compromiso de confidencialidad.
Mala salida e indebida respuesta; la gente no está preguntando sobre los secretos industriales, que bien se sabe son reservados; es más, ni siquiera en los contratos se contienen; lo que la gente quiere saber son cosas sencillas, meramente administrativas sobre el inicio del plan de vacunación. La respuesta que recibe la gente es que no pregunten, que se trata de cláusulas de confidencialidad; que ponen en riesgo la provisión con su curiosidad; de que por culpa de las exigencias del común corremos el riesgo de perder el suministro de las vacunas. ¡Pero es que nadie está preguntando cómo se hace la vacuna sino cuando la ponen! Estimamos que se debería dar una respuesta menos elusiva a la ciudadanía.
Tampoco parece acertado, por parte de Gobierno, instar a la población y al poder judicial a no instaurar o definir tutelas que alteren el orden de vacunación que se decreta. La tutela es un remedio del que disponen los ciudadanos frente a la arbitrariedad de las autoridades públicas cuando se atropellan sus derechos fundamentales; si el decreto de vacunación está bien concebido se defiende por si solo; si no lo está, para eso es precisamente la tutela. Lo que no está bien es pedir lo que no es necesario solicitar. La prudencia indica que a veces es mejor callar.
Los gobiernos se calificarán, no por las medidas de pandemia, que fueron prácticamente las mismas en todo el mundo, sino por su capacidad para efectuar adecuadamente la vacunación y el manejo de la post pandemia, el rescate de la economía. Para que el proceso sea exitoso, hay que empezar por informar adecuadamente a la población. Gobernar es hacer y contar; no ocultar.