Continúa vigente el cobro de la valorización en Bogotá para 370.000 predios sin que exista decisión judicial de fondo, en medio del paro nacional, de las marchas, con base en que se levantaron por una juez administrativa las medidas cautelares que lo suspendían. Todo se desvaloriza, el peso frente al dólar, en la ciudad ni se compra ni se vende y los estudios multimodales sobre capacidad de pago del 2014 y 2016 no sirven para sustentar la urgencia de las 16 obras, -vías parciales, ciclo rutas y el centro de la “felicidad”- cuando la gente muestra desespero.

Desconozco si el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó, como estaba previsto el 2 de diciembre, el cronograma para la construcción de las obras, si ellas han sido adjudicadas, en qué terminó la audiencia programada con los demandantes, pero resalta la  imprudencia de exigir el pago. Ante la incertidumbre se incrementa el estrés, mientras aumenta el sonido de la algarabía en las calles, el chocar de cacerolas,  la solicitud popular de que disminuyan  imposiciones tributarias.

La filosofía de la valorización tiende a la ejecución de obras  urgentes   mediante la contribución de propietarios de inmuebles que incrementan el precio de sus bienes en beneficio comunitario, lo cual no ocurre respecto del cobro inoportuno de esta.  

La valorización está desvalorizada, pedimos pronta decisión judicial de fondo luego del análisis cuidadoso de los factores de equidad y de capacidad de pago que suponemos se han estudiado durante los últimos meses por los encargados de proferir el fallo, que de confirmar la validez de la norma producirá la consecuente reacción colectiva. La inclusión de áreas industriales y comerciales ocasionaría el traslado del gravamen a los consumidores, esperamos conocer la providencia antes del 16 de diciembre, nos encontramos además, por cierto, pendientes de cómo será la facturación del impuesto predial, inquietud valida.  

En los últimos 12 años el Distrito recaudó 1.1 billones de pesos de valorización, los proyectos anunciados se concretaron solamente en un 50 por ciento, los dineros que quedaron deben reposar en el IDU, pésimo antecedente para impulsar obras por ejecutar en los próximos cinco años a partir del 2020 apelando a dicho gravamen.

Falta saber qué piensa la nueva alcalde, Claudia López, del cobro de la valorización, su opinión pesa, tuvo razón al desechar, por ejemplo, la construcción de Transmilenio por la carrera séptima y manifestar su voluntad de impedir el deterioro de humedales, empezando por la afectación de la Reserva Van der Hamen. ¿Estará comprometida con el absurdo cobro de la valorización en vilo que le deja su antecesor don Enrique Peñalosa a punto de transferir el cargo?