Siete candidatos han sido asesinados en últimos dos meses, cuatro de ellos aspirantes a concejos, y tres a alcaldías. Los grupos ilegales, entre los cuales están las disidencias de las Farc, estarían detrás de los hechos. El acuerdo de La Habana no trajo paz. El narcotráfico y la minería criminal que financian la violencia crecieron y se fortificaron con el incentivo de que en el futuro el Estado negociará con las estructuras criminales.

Un informe de la Fiscalía reveló que el 70% de los asesinatos a líderes sociales ha ocurrido en las regiones del posconflicto. Los criminales nunca se fueron de la mayoría de municipios. De 161 municipios donde había presencia de las Farc antes del acuerdo hay presencia de grupos residuales en 84. Incluso, en las regiones PDET se concentran el 43% del total de víctimas de algún tipo de amenaza, y el 62% de las víctimas a nivel nacional, según un informe de la MOE.

De los 158 casos esclarecidos por la Fiscalía de muerte de líderes sociales, se ha determinado que el 56,3% corresponde a grupos armados y bandas criminales. De aquellos, las disidencias de las Farc son victimarios de un 13% de casos, seguidos por un 10% del Clan del Golfo, un 8% por el ELN y las diversas bandas criminales son culpables de un 18% de los casos.

Todos los partidos políticos han sido víctimas de amenazas. Entre octubre/18 y agosto/19, la MOE registró 364 líderes sociales amenazados. De esos, se conoce la afiliación política de 112. El Centro Democrático es el partido más amenazado. El 12,1% de las amenazas se han dado a este partido con 19 amenazas. El siguiente partido es el Conservador con el 8,3%, la U 8,3%, Radical 7,6%, liberal 7%, verdes 6,4%.

No existe una sistematicidad de asesinatos de líderes sociales; esto es, no existe un plan central articulado para estos crímenes; hoy todas estas estructuras criminales, organizadas o no, trabajan desarticuladas. Este es tal vez el mayor peligro del anuncio de integración que hicieron los narcotraficantes Márquez y Santrich.

El único factor de correlación que se pueden encontrar entre las muertes son los cultivos ilícitos y la minería ilegal en esos territorios. Departamentos que registran alta agresión a líderes sociales -Antioquia, Cauca y Norte de Santander- contienen el 35% de los cultivos de cocaína del país. No es una coincidencia que esos cultivos crecieran en más del 150% durante la firma del acuerdo. Este Gobierno ha logrado contenerlo; sin embargo, el número de hectáreas es muy alto, y el lavado de ese dinero equivale al 4,6% del PIB, capaz de financiar todas las violencias.

Cerca de 4.000 defensores de derechos humanos usan protección del Estado para realizar sus actividades. El Consejero para DD.HH mostró una caída del 35% en el asesinato de líderes sociales por el Plan de Atención Oportuna; entre agosto/18 y julio/2019. La solución no es individual, sino colectiva. Seguridad y control del territorio.

Colombia no puede aceptar que hay razones políticas para cometer crímenes, esto ha perpetuado la violencia. El Clan del Golfo cambió su nombre a Autodefensas Gaitanistas de Colombia para poder obtener el mismo tratamiento de las Farc. La medida más importante después del Acuerdo de La Habana sería dejar muy claro, que no habrá ninguna negociación con justificación política. Hay que abolir el concepto del delito político. Nunca más aceptar que la política justifica la violencia.