Las cifras de criminalidad en Colombia reflejan una realidad alarmante, que no puede ser ignorada. Según las estadísticas de la Policía Nacional, recogidas en el Semáforo de Criminalidad elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia, los delitos muestran un aumento preocupante en la violencia, incluyendo los sexuales y la violencia intrafamiliar. Estas cifras estremecedoras exigen una reflexión profunda y, aún más importante, acciones urgentes y efectivas.
Uno de los datos más inquietantes es el incremento del 53% en los delitos sexuales, con 15.656 casos reportados. En promedio, se denuncian 86 casos cada día, y al menos el 81% de las víctimas son mujeres. Más aterrador aún es que aproximadamente el 30% de las víctimas son menores de 13 años.
Este panorama expone no solo la gravedad de la situación que enfrentan miles de niñas y niños en Colombia, sino también la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas de protección. Los esfuerzos para combatir estas violaciones de derechos deben ser integrales, incluyendo acciones preventivas, punitivas y de acompañamiento durante el ciclo de vida, a las víctimas.
La violencia intrafamiliar es otro flagelo que refleja la vulnerabilidad de las mujeres y menores de edad en Colombia. El 74% de las víctimas son mujeres, y cada día se reportan 446 denuncias por este tipo de violencia. Alrededor del 9% de las víctimas son menores de 13 años, lo que demuestra que la violencia dentro del hogar no es un problema aislado, sino un fenómeno estructural que pone en riesgo el bienestar y la seguridad de los más frágiles. Este ciclo de violencia se perpetúa de generación en generación, lo que evidencia no solo la incapacidad de las políticas actuales, sino también la preocupante normalización de la violencia en partes de la sociedad colombiana.
Es fundamental un enfoque preventivo sólido. Es urgente fortalecer los programas educativos que promuevan el respeto a los derechos humanos desde una edad temprana. Además, los esfuerzos por crear una cultura de no violencia deben involucrar activamente a las familias, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y al Estado. En este sentido, las alianzas entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales son cruciales para desarrollar estrategias comunitarias que fortalezcan la prevención, identifiquen situaciones de riesgo y protejan a las víctimas antes de que los delitos ocurran.
El sector educativo tiene un papel esencial en la prevención de la violencia y en la formación de una cultura de convivencia pacífica. Las instituciones educativas no solo deben enfocarse en la enseñanza académica, sino también en desarrollar valores fundamentales como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. A través de programas de educación para la ciudadanía, niños y adolescentes pueden aprender a identificar y rechazar la violencia, desarrollando al mismo tiempo habilidades para convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. La formación en derechos y deberes humanos es clave para crear un entorno seguro en el que los estudiantes se sientan protegidos y motivados a reportar situaciones de riesgo.
Por su parte, los alcaldes tienen un rol determinante en la protección de los derechos de niñas y niños y en la lucha contra la impunidad en casos de violencia. Deben liderar la coordinación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad y la protección, promoviendo espacios de diálogo y acción conjunta entre comunidades, autoridades e instituciones educativas. Asimismo, es esencial que las autoridades locales refuercen las redes comunitarias para proteger a las víctimas y prevenir la violencia, estableciendo líneas de ayuda, centros especializados y programas de intervención temprana, además de fomentar la colaboración efectiva entre diversas instituciones.