Definitivamente en esta época de campañas electorales por la Presidencia de la República, y ante la grave situación de inseguridad que estamos viviendo, no queda salida diferente que seguir escribiendo sobre seguridad, buscando que los aspirantes a la Casa de Nariño reciban ese cúmulo de mensajes que circulan en los diferentes medios y aun en las redes sociales, donde nunca falta la queja, el gemido o lamento que clama presencia de las autoridades, fuerza pública y el brillo de la justicia ante sus cuitas y angustias, porque los atentados terroristas cubren toda nuestra geografía, teniendo despliegue informativo según la región y en nivel fatal de los resultados. Otro tanto sucede con los atracos, robos, homicidios y demás delitos que no menciono para evitar esa larga lista criminal.
En columnas anteriores nos hemos referido a los aspectos que compone el concepto seguridad y recomendamos su acople o ajuste para lograr un solo frente, con una política criminal que comprometa todos los entes gubernamentales, tanto nacionales como departamentales y municipales, que deben pensar muy seriamente en estrategias y planes que les permitan recuperar el espacio público que ante la pandemia quedó expuesto y con el retorno a la normalidad disparó la economía informal, copando sectores con vocación de comercio pero desorganizados y poco controlados por las administraciones. Esta situación lleva al deterioro total dichos lugares, es decir los estamos perdiendo y urgen recuperar esos territorios a nivel nacional, pues todos estos proyectos deben quedar en un programa general de seguridad ciudadana, acuñado desde la Presidencia de la República.
Otro tema de suma importancia tiene que ver con la armonía y compromiso entre las autoridades responsables de la justicia y los mandos de la Policía Nacional. Estos dos o tres equipos de trabajo como son la Fiscalía, los Jueces, especialmente los de garantías y la Policía Nacional, son responsables de una pronta y efectiva justicia, fruto del acuerdo porque de lo contrario todo el trabajo adelantado por separado en estos organismos no da los resultados que las comunidades y el país esperan.
A lo anterior debo agregar una situación muy preocupante y se trata de ciertas posiciones adoptadas por las autoridades municipales, donde se desconoce la operatividad policial, sin omitir las desautorizaciones en los procedimientos de ley. Esta falta de respaldo a la institución por parte de algunos burgomaestres es tan nociva como viciosa e intemperante, pues genera extrañeza entre la ciudadanía, cuando no enfrentamientos públicos, que sólo favorecen a los delincuentes y opositores de los gobiernos, quienes no escatiman esfuerzos para exacerbar la situación y distanciar a las autoridades. Urge buscar puntos de cercanía y puentes flexibles que favorezcan el servicio sobre los intereses personales, pues no queda duda “vivimos crisis de seguridad”.