Quizás el último deseo administrativo del fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, (cuya muerte nos tomó a todos por sorpresa), era la idea de poder reiniciar el uso de la fumigación con glifosato, con lo cual el narcotráfico se castigaría y la violencia, cargada de asesinatos de líderes sociales y de masacres de jóvenes a lo largo y ancho de nuestra geografía, mermaría ostensiblemente. Pero no la pudo cumplir, ni la cumplirá su competente sucesor, Diego Molano. Ese producto químico funcionó antes y fue efectivo en la reducción del cultivo. Pero el Consejo Nacional de Estupefacientes no quiere dar nueva luz verde a la fumigación, por precaución, y la Corte Constitucional, mediante sentencia T-236 de 2017, ayudó a enredar la pita, exigiendo unos protocolos en materia de salubridad casi imposibles de cumplir.

En conclusión, el cultivo de coca no se va a acabar -sino a incrementar- porque las mafias están alborotadas y la erradicación manual y sustitución voluntaria de cultivos -cándidas prácticas artesanales- constituyen la mejor garantía de su permanencia en el tiempo y en el espacio y continuará con ellas la pérdida de vidas humanas y mutilación de soldados y policías que chocan cada rato contra minas “quiebrapatas”, por un lado, y por el otro, el orden público seguirá alterado por aquellos desadaptados que no permiten la erradicación y espantan a las autoridades. Con el temor a que el glifosato derive en cáncer para algunos seres humanos, estamos garantizando la multiplicación pandémica del cáncer de la violencia y de las masacres y entonces no hay nada qué hacer: aguantar, tener resiliencia, como dicen ahora. Mientras tanto, la oposición y las ONGs afines le seguirá chutando al Gobierno la culpa del derramamiento de sangre y al fondo del escenario aparecerán, tras bambalinas, con renovados bríos y coloridas pancartas, los ambientalistas profesionales.

Post-it. Vemos, con pesar y estupor, cómo la fuerza pública sigue bombardeando dragas, retroexcavadoras y buldóceres incautados a los depredadores del medio ambiente y mineros ilegales. Debería existir una regulación comprensiva que armonice el Código Penal, normas del Plan Nacional de Desarrollo, la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, de tal manera que se privilegie el decomiso e incautación de bienes muebles como los anotados y releguen su destrucción a un último recurso; los países pobres no nos podemos dar el lujo de pulverizar maquinaria o vehículos valiosos que harta falta nos hacen para trabajar en la Colombia profunda. ¿A quién se le ocurrió la medida absurda de destruirlos? Es como si nos diera por destruir carreteras y puentes porque los construyó la guerrilla en vez de Odebrecht.

Post-it 2. Recién celebramos el día del periodista (9 de febrero) y uno de ellos, gran comunicador, héroe de la libertad de expresión, se ha debatido entre la vida y la muerte, metido en una sala UCI por culpa del covid-19: Herbin Hoyos Medina, quien condujo por muchos años el programa radial “Las Voces del Secuestro” y continúa vigente en el rescate de la dignidad nacional. Mucha fuerza, Herbin, nuestras oraciones están contigo. La Patria te reclama.