RECUPERAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD

El rol de la Policía

Con motivo de la crisis que provocó la salida del General Palomino de la Dirección de la Policía Nacional se habla del rol que jugará esta institución en la etapa del posconflicto, si allá llegamos. La desmovilización de las Farc no cambia su naturaleza, porque su tarea no es la de combatirlas; ello es responsabilidad de las Fuerzas Militares.

Por otra parte, existen otras estructuras armadas a las que hay que desarticular y someter ante los órganos de la justicia. La posible  desmovilización de las Farc no implica que se desactiven los demás grupos armados ilegales. Por tanto, lo que se conoce como posconflicto hay que entenderlo, por lo pronto, referido únicamente a esta organización armada. La política de seguridad del Estado no cambia, se readecúa.

El ministro de Defensa ha dicho que “la primera reflexión tiene que ver con el rol de la Policía Nacional, una vez se firmen los acuerdos de paz. Analizar cuál es la necesidad institucional de cobertura territorial para combatir las nuevas amenazas que aparecerán en los territorios que se liberen del conflicto una vez firmados los acuerdos y también qué recursos nuevos se deberán poner a disposición en esos territorios que por primera vez recibirán los recursos de justicia y policiales.”

Desde luego, hay que evaluar cuáles serán los retos que en materia de seguridad planteará la eventual desmovilización de las Farc. Habría que establecer si todos sus frentes están en disposición de hacerlo o si,  como ha ocurrido en la historia de las desmovilizaciones de los grupos armados, éstos de dividen y unos optan por continuar el camino de la violencia, como sucedió  en Centroamérica.

La responsabilidad constitucional de la Policía es la de garantizar las libertades públicas y la seguridad de los ciudadanos, identificando cada día sus mayores desafíos y ajustando su estrategia. Debe seguir enfrentando el narcotráfico, la minería ilegal, las bacrim, el contrabando y demás manifestaciones delincuenciales.

En esta coyuntura surge la necesidad de adoptar una política integral de  transparencia como consecuencia de los sucesos que se vienen denunciando, como supuestos enriquecimientos ilícitos, seguimientos ilegales a periodistas y una posible participación en la denominada “comunidad del anillo”  que habría sido conformada por algunos oficiales para promover actos de corrupción. Ello es materia de investigación y hay que esperar sus resultados.

La Policía tiene que recuperar la confianza pública, su legitimidad y respetabilidad. No se entiende bien que pasó con la reforma que se adoptó en otro momento de crisis de esta institución en 1993. En esa reforma se introdujo la figura del Comisionado, con el fin de que las quejas que se presentaran sobre el comportamiento de los miembros de la Policía se tramitaran de manera adecuada y así evitar lo que se  conoce como solidaridad de cuerpo. Pero luego vino una contrarreforma que no fue muy advertida y acabó con los avances que se habían registrado con la reforma en referencia y que le daban una mayor transparencia a los procesos internos en tal entidad. Hay que retomar ese camino.