Uno de los logros del gobierno es que ha puesto en el debate reformas y temas calientes en los que urge avanzar. Las reformas laboral, de salud, justicia, pensional, política, entre otras, han sido históricamente debates difíciles de dar, con costo político, pero con falencias y deudas históricas. El problema es que el debate en algunos casos se ha dado entre amigos y sin consensuar, sabiendo que la gobernabilidad es limitada, y en otros casos, con eventuales herencias indeseadas.
El turno estas semanas fue para la reforma pensional. Del debate y audiencias realizadas, quedan algunas conclusiones. La primera, es que el proyecto hoy no está maduro para ser aprobado. Aprobarlo como está, supone una carga fiscal de tal dimensión que sería casi un robo intergeneracional, donde las generaciones jóvenes de hoy tendrán un problema imposible de administrar más adelante y dificultades para su pensión desde el 2070. En adición a lo anterior, habremos aprobado una reforma que destruye el ahorro e inversión de largo plazo, promueve la politiquería y no soluciona la nueva realidad demográfica, conduciéndonos seguramente a otra reforma pensional.
Pensando en el Congreso, porque creo en la necesidad de una reforma, algunas sugerencias. Los pilares solidarios y semi-contributivos (los más importantes porque atenderían al segmento más amplio y vulnerable de la sociedad), hoy prácticamente no existen en el proyecto o porque no tienen financiación en el marco fiscal de gasto a 10 años (más o menos una “casita en el aire”) o porque se cambió el modelo (semi-contributivo) desincentivando el ahorro pensional y reduciendo injustamente el valor monetario que recibirá esta población. Tristemente, estos que eran los avances claves del proyecto por su impacto social, pueden ser ineficaces o inadecuados.
En el pilar contributivo, desaparece el componente de ahorro individual y con ello las AFPs y el ahorro de más del 90% de los colombianos que habremos de hacer, transitará a una bolsa incapaz para administrar y con sesgos politiqueros. Eso sí fortalece el régimen de prima media, que sabemos es insostenible dada la nueva realidad demográfica y más cuando se tienen inamovibles en el proyecto, que debiesen cambiar, como edad de jubilación, tasa de aporte, tiempos de cotización, tasas de reemplazo, entre otros.
Desde lo fiscal y como el CARF y Fedesarrollo lo señalan, se necesitarían mínimo 10 billones más por año para lo subsidiario y generaría un aumento en el pasivo Pensional de más de 900 billones. ¡Herencia mortal a nuestros hijos y nietos!
Y desde la gestión del fondo público que se llevará nuestros ahorros (con la duda de si esto es o no una cuasi-expropiación a futuro y claramente una restricción a la libertad económica para que cada uno decida dónde y con quien manejar su ahorro), preocupa que así sea 1 peso, se termine gastando o abriendo más espacio fiscal en el presupuesto anual del gobierno para el derroche, y preocupa también la ausencia de independencia y de capacidad profesional de Colpensiones para administrar el dinero.
Así las cosas, como el Congreso actuarán con seriedad, el debate es largo y profundo y los ajustes igual. Y lo anterior en especial por el futuro de nuestra juventud.
*Rector Universidad EIA
Jrestrep@gmail.com