La Contraloría General de la República decretó la nulidad de las actuaciones adelantadas en el proceso fiscal que se había abierto en noviembre de 2012 en contra de varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el supuesto "Carrusel de Pensiones" al interior de esta entidad, ordenó el archivo del respectivo expediente y el levantamiento de las medidas cautelares que se habían decretado (embargos de bienes inmuebles y de cuentas bancarias).

Quiere decir esto, "por tratarse de servidores públicos que están amparados por fuero especial de juzgamiento, cuyo conocimiento y trámite está atribuido por la Constitución y la ley a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes".

Por esta razón, la CGR dispuso la remisión del auto de archivo y de algunas piezas procesales con destino a la referida Comisión, para que hagan parte de la indagación preliminar que cursa en el despacho de la Representante Angélica Lozano Correa, en contra de los siguientes magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en el momento de los hechos investigados:

Temístocles Ortega Narváez, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Julia Emma Garzón de Gómez, José Ovidio Claros Polanco, Luz Elena Rodríguez Hurtado, María Mercedes López Mora, Henry Villarraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y Jorge Antonio Castillo Rugeles.