La enseñanza en catalán volvió a encender la mecha de la discordia entre Cataluña y el gobierno español, que propone eximir el obligatorio catalán para el acceso a la universidad, entre otros puntos, dos semanas después de las elecciones regionales ganadas por los nacionalistas.
El proyecto de reforma educativa, esbozado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, también incluye la posibilidad que los padres que quieran una educación prioritaria en castellano para sus hijos puedan dirigirse a establecimientos privados, pagados por la administración regional catalana.
Esta nueva ley de educación "nomás se puede plantear desde el desconocimiento más absoluto de Cataluña o simplemente por mala fe", sentenció el portavoz del gobierno de Cataluña, Francesc Homs, quien el martes también advirtió que "si es necesario recurrir al Tribunal Constitucional, lo haremos".
Homs anunció que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocaría para el 12 de diciembre una cumbre sobre el tema con los representantes de izquierda de la región para responder a una "clara ofensiva" por parte de Madrid en contra de la lengua catalana.
La consejera catalana de Educación, Irène Rigau, que reaccionó inmediatamente afirmando su disposición a recurrir legalmente este texto que "cuestiona la lengua catalana", advirtió que "la lengua no es negociable", tras abandonar el martes por la tarde una reunión de representantes regionales del sector convocada por el ministro Wert.
Este miércoles, el clamor "contra el ataque a la integración escolar" es enorme, proclamó el diario El Periódico de Catalunya que tituló en grandes caracteres "Ni un paso atrás", para ilustrar la contundencia con la que se opondrá el sector educativo.
Consultado por la AFP, Josep María Cervelló, miembro de la junta directiva del sindicato de educación Ustec dijo que el sistema implantado hasta ahora "es un modelo exitoso, incluso la Unesco y la UE lo presentan como un sistema que no discrimia y da oportunidad a todos para tener competencia en las lenguas oficiales".
"La nueva ley española es como benzina al fuego en la tensión que existe entre Cataluña y España", dibujó Cervelló, también integrante de la plataforma Somescola (somos escuela), que anunció movilizaciones en defensa de la lengua y escuela catalanes.
Somescola dijo que el texto de Wert "es un atentado a la lengua, a la cohesión social y a la promoción de igualdad de oportunidades que presidieron la escuela catalana".