La privatización de los sistemas trajo consigo enorme desigualdad en el cubrimiento de los trabajadores

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Sin duda el tema de las pensiones es la tarea pendiente que tienen muchos países de América Latina. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las naciones que privatizaron sus pensiones vieron en las últimas tres décadas resultados negativos en su calidad de vida, según el documento “La reversión de la privatización de las pensiones”.

Uno de los autores, Fabio Durán, expuso que esta privatización del sistema, iniciada en 1981 en Chile y propagada por hasta 14 países de la región, trajo consecuencias “nada favorables” en términos que van desde la calidad de vida a la desigualdad de género.

En un inicio, organismos económicos internacionales presagiaron que una gestión privada de las pensiones “iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia, basada en la competencia de mercado”.

Se dio por hecho “que el sector privado era más eficiente que el sector público” y las consecuencias fueron otras: las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron en todos los países, los niveles de beneficio se deterioraron, aumentó la desigualdad de género y de ingresos y se dispararon los costos administrativos.

América Latina fue el laboratorio de experimentación con resultados desafortunados: en Argentina, por ejemplo, la cobertura disminuyó del 46% que había antes de la reforma (1996) a 35% en 2002.

En el caso de México también hubo una reducción significativa al pasar del 37% al 30% en el periodo de 1998 a 2004.

Colombia

Colombia, que se apresta a definir un proyecto de reforma pensional para finales de este año, es frente a algunos países de la región, el que tiene un desbalance fiscal en el rubro de las jubilaciones. Es el país con mayor inequidad en el pago y cubrimiento de las pensiones.

Todavía no hay posturas definitivas del Gobierno ni un articulado, pero elevar la edad para acceder a la jubilación no estará en la agenda.

Carrasquilla había dicho que el tema de la edad “hace referencia a la sostenibilidad del régimen de primera media (administrado por Colpensiones), y una parte relativamente pequeña frente al objetivo de aumentar la cobertura”, pero admitió que del debate hará parte si ese régimen es sostenible por el nivel de envejecimiento del país.

La cobertura, en parte se suplirá con una mayor formalización, dijo, y además sostuvo que espera que se pueda trabajar en un sistema para fondear los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y al programa Colombia Mayor, sistemas que les ayudan a las personas que no alcanzan a pensionarse.

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, es urgente resolver la poca cobertura ya que el 25% de las personas se pensiona, uno de los indicadores más bajos en Latinoamérica.

La situación además convive con los altos costos del régimen público y los especiales (maestros y militares) que cuestan anualmente unos $40 billones, es decir 4% del Producto Interno Bruto (PIB), según Asofondos.

México

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que incrementó los pagos de pensiones este año, está definiendo si establecer una reforma integral al sistema de pensiones que incluya el aumento al porcentaje de aportaciones, incremento en la edad de retiro e incentivos fiscales al ahorro y la reducción en las comisiones.

La intención es elevar a 70% la tasa de remplazo, es decir, el monto de los recursos con los que se jubilan los trabajadores.

Pasar de 30% de su último salario de cotización, que se calcula registrará la primera generación de trabajadores que se jubilarán bajo el sistema Afore —o de 50% en el caso de aquellos que no hicieron uso de su subcuenta de vivienda—, en 2025, a 70% como dictan los estándares internacionales.

Se va a proponer un incremento del actual monto de aportación, de 6,5% a 10,5%, y un aumento de la edad de jubilación de los 65 años a los 68 años de edad.

En Perú

El sistema previsional peruano, tanto en el sector privado como público, ofrece a sus afiliados bajas pensiones. Por ejemplo, la pensión máxima en el sistema previsional público (ONP) es de S/857 ($804 mil pesos) y la mínima de S/415 ($389 mil pesos) el cual exige el aporte mínimo de 20 años además de haber cumplido 65 años.

Una menor pensión se debe también a la presencia de trabajadores que realizan cotizaciones esporádicas, quienes superan los 4 millones y tienen menores ingresos. Y, no menos importante, es cómo hacer para que los trabajadores informales (74%) aporten a un sistema de pensiones.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL también identificó que el 49,8% de la población económicamente activa no está afiliada a ningún sistema de pensiones.

La cifra es de alrededor de 8´573,949 trabajadores que al cumplir los 65 años no tendrían cómo financiar su vejez, invalidez o sobrevivencia.

En Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregó al Congreso un proyecto de reforma de las jubilaciones alegando un riesgo inminente de colapso de las finanzas públicas y una exagerado generosidad con categorías privilegiadas de la población, en un país que envejece rápidamente.

Una de las principales medidas de la propuesta consiste en imponer una edad mínima para jubilarse, de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un periodo de transición de 12 años.

Brasil es uno de los pocos países que no exige una edad mínima para el retiro laboral.

El régimen actual permite jubilarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, aunque el monto del beneficio mejora para quienes prolongan su vida laboral.

Así y todo, los trabajadores que se jubilan por este sistema lo hacen en promedio a los 54,2 años (55,1 años los hombres y 52,7 las mujeres).

Otra variante combina la edad y los años de contribución.

Un beneficio parcial puede ser obtenido por mujeres de 60 años y hombres de 65 si suman 15 años de contribuciones.

Las proyecciones apuntan a un rápido envejecimiento de la población.

En 2018, un 9,2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25,5%, según proyecciones oficiales.

En Chile

El presidente Sebastián Piñera anunció la semana pasada que ya se presentó ante el Legislativo una reforma que incluye el alza gradual de 4% del aporte previsional e incentivos para aplazar la jubilación y darle un respiro al sistema.

Las medidas contemplan un seguro solidario, que sería financiado con 0,2% de cargo al empleador para que después obtenga una remuneración adicional sobre el monto base que percibe después del retiro.

El gobierno recaudará US$3.500 millones y subirá el porcentaje de los ingresos básicos, que había sido instaurado en la era Pinochet en los 80.

Durante su gobierno, la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) envió al Congreso tres proyectos para reformar el sistema, proponiendo que se aumenten las pensiones un 20% y que el empleador cubra un 5% de la pensión, porcentaje del cual el 3% iría a las cuentas de los trabajadores y el restante 2% a un ahorro colectivo.