EL CAMPESINADO en Colombia está constituido por cerca de 14,7 millones de personas. Este grupo social es vital para la producción de alimentos, así como para el sostenimiento de la diversidad cultural, la gestión ambiental y el equilibrio territorial.

Según los datos del DANE, la tasa de desempleo (TD) de los campesinos es menor al total nacional. Los datos arrojaron que, en el trimestre febrero-abril de 2024, la TD de campesinos se ubicó en 9,5 %, cifra que contrasta con el resultado nacional que fue de 11,2 %. Esa brecha se ha mantenido históricamente, lo que sugiere que, en términos de ocupación, los campesinos se encuentran mejor que las personas que no lo son.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), además de los retos laborales que enfrentan los campesinos, también en otros aspectos han tenido desafíos importantes, por lo que el Estado colombiano estableció al campesinado como sujeto de especial protección, actuar por el que la entidad no descarta que en la reciente aprobada reforma pensional, se realicen consideraciones especiales para esta población y otro grupo de comunidades.

Por otro lado, el análisis de ANIF refleja que, si bien la reforma persigue un objetivo loable en términos de equidad, las consecuencias fiscales de esas medidas son todavía inciertas. En conjunto con los campesinos, que son cerca de 15 millones de personas, las comunidades raizales y afrodescendientes, entre otras, suman en total de 21,5 millones, lo que representa cerca del 40 % de la población total del país. “Como hemos advertido, brindar beneficios no focalizados representa un desatino en términos fiscales, más aún si se considera que el potencial de beneficiarios sobrepasa con creces la capacidad financiera del Gobierno”, dice el texto de la entidad.

Finalmente, para ANIF, es necesario que el Gobierno revise con detenimiento el alcance que tendrá ese artículo aprobado en la reforma pensional. Además del total de la población que podría beneficiarse, también importa la cuantía del beneficio en términos de semanas, nivel de subsidio y edad de pensión, pues son variables que deben reglamentarse con claridad. En ese sentido, la discusión pensional deberá pasar por pensar mecanismos que faciliten a las personas de esta población cotizar y con eso contribuir activamente para garantizar su protección a la vejez bajo un esquema contributivo, reconociendo la naturaleza de su trabajo.