A medida que se van analizando los alcances del proyecto de reforma tributaria que el gobierno Petro radicó el lunes en el Congreso, las reservas y peticiones de ajuste y aclaraciones sobre el alcance e impacto de la propuesta impositiva van aumentando.

Varios gremios de la producción advirtieron ayer que es necesario que el Ejecutivo replantee algunos de los elementos base del proyecto. Esto porque consideran que la eliminación de exenciones o el aumento de la carga impositiva afectará en forma sustancial la dinámica empresarial, generación de empleo e incluso la confianza de los inversionistas para abordar nuevos negocios en el corto plazo.

De un lado, Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi (el gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas), expresó su preocupación tras confirmar que el texto de reforma tributaria no incluye medidas diferenciales para estas unidades productivas pese a que generan cerca del 80% del empleo formal y el 50% del PIB del país.

“Se trata de la Tarifa Diferencial de Renta y el Incentivo al Valor Agregado, dos propuestas que el gremio de las pequeñas y medianas empresas considera fundamentales para el desarrollo industrial del país y que el Gobierno nacional no incluyó en el texto que presentó al Legislativo. La propuesta mantiene una tasa única del 35% para el Impuesto de Renta a las empresas, sin tener en cuenta su tamaño”, sostuvo la agremiación.

Por otra parte, el articulado tributario incluyó un nuevo impuesto a los envases y empaques plásticos de un solo uso. El Gobierno defiende este tributo por su enfoque ambiental pero algunos críticos advierten que podría incrementar los costos de los productos que lo utilizan.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, señaló que este impuesto a productos empacados en plástico encarecerá los empaques de los alimentos. “El plástico se utiliza para empacar el arroz, las lentejas, el azúcar, la harina, el pan, galletas, los aceites”, agregó.

El gremio de los comerciantes, a su turno, consideró como un error la eliminación de los Días sin IVA, creados por las reformas tributarias del anterior gobierno y que en el último año han movilizado ventas por más de 25 billones de pesos.

Mientras que el Ejecutivo insiste en que esas jornadas son perjudiciales para el fisco nacional y benefician sobre todo a los productos importados, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) pidió revisar la propuesta, ya que los Días sin IVA son claves para aumentar el consumo de los hogares, abaratar costos para el ciudadano e impulsar la reactivación económica.

También hay fuertes reparos al impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. El Ministerio de Hacienda insistió en que aumentar los gravámenes sobre estos productos tiene un enfoque de salud pública y de prevención de patologías como diabetes y obesidad, pero ayer distintos gremios advirtieron que el tributo golpeará directamente a la clase media y baja, que es la que más los compra. Incluso se hizo un largo listado de productos de primera necesidad y de la canasta básica familiar que se verían gravados con el impuesto y, por esa vía, se mantendría el pico inflacionario actual.

Otros de los sectores en estado de alerta es el cinematográfico, pues se considera que la reforma golpeará de forma significativa las donaciones y la producción de videos y audiovisuales en general.

La Asociación Colombiana de Productores de Cine, por ejemplo, señaló que el proyecto tributario deroga fragmentos importantes de dos leyes cruciales de la industria audiovisual del país: la 814 de 2003 o Ley del Cine, y la 1556 de 2012, importante para el rodaje de obras cinematográficas en suelo colombiano.

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Bajo la lupa

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, dijo a través de su cuenta de Twitter que la reforma tributaria "tiene efectos sobre muchos sectores, sobre los cuales estamos valorando y calculando sus efectos".

Sostuvo que “hemos estado estudiando y entendiendo la propuesta de reforma tributaria. Sería por lejos la reforma más ambiciosa de la historia del país en caso de ser aprobada. Tiene efectos sobre muchos sectores, sobre los cuales estamos valorando y calculando sus efectos”.

También hay peros en algunos sectores políticos y gremiales respecto al desmonte de exenciones tributarias y deducciones. Por ejemplo, en las zonas de frontera ya se habla de movilizaciones por el posible encarecimiento de combustibles.

Como se sabe, la iniciativa que se debatirá en el Congreso de la República propone limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los diez millones de pesos mensuales, y que, según cálculos del Gobierno, tan solo representan el 2% de la población.

Respecto al sector empresarial expone que no se permitirá la deducción de regalías del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, porque las regalías son pagos que hacen las empresas por la explotación de una propiedad de la Nación.

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El patrimonio

Por otra parte, EL NUEVO SIGLO consultó con uno de los mayores expertos tributaristas del país, quien pidió mantener su nombre en reserva. “He sido partidario del impuesto al patrimonio, a mí me parece que es justo que los que más tenemos paguemos impuestos al patrimonio. Yo soy contribuyente y lo seré con mucho gusto, porque esto tiene que ver con colaborar para financiar todo este gasto social que se requiere en el país”, apuntó.

Sin embargo, ayer otros analistas advertían que hay un desfase en esta propuesta, pues no solo es antitécnica desde el punto de vista de la tributación moderna y convierte en permanente un tributo que nació como temporal y excepcional, sino que castiga el éxito empresarial y la plusvalía de los negocios, que es un elemento connatural a las economías de mercado.

El experto consultado por este Diario también indicó que el impuesto de renta a las personas naturales podría haber tenido una base mayor, bajando el umbral de ganancias. “Creo que no deberían arrancar de $10 millones sino desde más abajo, porque se tiene la capacidad contributiva para sufragar más; a mi manera de ver se debería hacer por ahí desde $5 millones en adelante”.

Así mismo el experto sostuvo que se debe revisar el impuesto a las ganancias ocasionales: “Me parece que establecer un impuesto de ganancias ocasionales como si fuera una renta ordinaria no es justo, porque el impuesto de ganancias ocasionales, como su nombre lo indica, es de ganancias ocasionales, esas ganancias extraordinarias que no deben ser gravadas como sí se gravan las ganancias normales y las rentas normales”, manifestó.

A este tipo de argumentos se contraponen los de voceros gremiales y empresarios que consideran que hay una zona gris en torno a lo que se considera “ganancia ocasional”, generando una generalización antitécnica que, además, desestimula la formalización de negocios y transacciones.

En cuanto al impuesto a las sociedades, el tributarista que habló con EL NUEVO SIGLO recalcó que “ese monto significativo a la tributación de las personas naturales debería ir de la mano de una reducción del impuesto sobre las sociedades, porque verdaderamente la imposición colombiana a las empresas es una cosa brutal. En el promedio mundial es del 22% de la tarifa del impuesto a las sociedades y en Colombia es del 35%”.