Avanzar en la transición energética es el reto inmediato del país para alcanzar pronto la descarbonización de su economía. No en vano, Colombia tiene el deber legal de cumplir con ciertas obligaciones en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono (y otros gases de efecto invernadero) y de mitigación del cambio climático, bajo el Acuerdo de París de 2015, aprobado internamente mediante la Ley 1844 de 2017.
Según Mariana Villegas, asociada del área de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, Colombia cuenta con una normatividad favorable, “la Ley 2099 de 2021 reafirmó el carácter prioritario del desarrollo de proyectos basados en energías renovables no convencionales, como una de las estrategias centrales para impulsar la transición. Dicha ley mantuvo los incentivos previstos en la Ley 1715 de 2014 y sus decretos reglamentarios, y adicionó el hidrógeno (verde y azul), a raíz de lo cual los proyectos basados en estas fuentes podrán ser desarrollados por los inversionistas”.
Estos mecanismos, le proporcionan al país oportunidades de inversión en proyectos de generación de energía con base en fuentes no convencionales de energía renovable, una de las más relevantes corresponde a la subasta de contratos de energía a largo plazo que se llevará a cabo en octubre de 2021 (Subasta CLPE-03 de 2021), en desarrollo de las directrices fijadas por el Ministerio de Minas y Energía en 2019.
Pero aunque Colombia tiene un gran potencial, el desarrollo de este tipo de proyectos no ha sido tan acelerado, dada la alta dependencia de la matriz energética en los combustibles fósiles, y eléctrica en los grandes proyectos hidroeléctricos.
Desarrollo
Según Villegas, “desde de la entrada en vigencia de la Ley 1715 de 2014 y su reglamentación, junto a otras normas, el desarrollo de proyectos basados en fuentes no convencionales de energía renovable ha ido despegando y creciendo de manera constante, y el Gobierno nacional espera que para el 2022 Colombia aumente 50 veces su capacidad instalada de generación de energía solar y eólica”.
Sostiene la experta, para que este aumento sea posible y eventualmente se supere, resultan cruciales los incentivos tributarios, arancelarios y contables ya existentes, de la mano de mecanismos como el de la subasta de contratos de energía a largo plazo para proyectos de energías renovables y expansiones o refuerzos en los sistemas de transmisión de electricidad a los que se conectarán los nuevos proyectos.
Reconocimiento
De otro lado, la admisión de Colombia como miembro de la Agencia Internacional de Energía (IEA) constituye, un paso importante en el reconocimiento del país, a nivel internacional, como nación dotada de una normatividad robusta y favorable al desarrollo de proyectos de generación basados en fuentes no convencionales de energía renovable.
Sin embargo, “el principal beneficio está asociado al probable incremento en la intención de inversión y desarrollo de proyectos de este tipo dentro del país, dado que los inversionistas podrían recibir la noticia como una señal de estabilidad regulatoria, de potencial y de oportunidades de desarrollo”, indica Mariana Villegas.
Como miembro de la Agencia Internacional de Energía (IEA), Colombia será parte de discusiones internacionales relevantes en materia de transición energética, pudiendo participar activamente en la formulación de políticas y beneficiarse de experiencias de otros países más avanzados en la materia.
Sobre la firma Baker McKenzie, esta ayuda a sus clientes a afrontar los desafíos que se presentan al competir en una economía global y resuelve complejos problemas legales en diferentes países y áreas de práctica. De acuerdo con su cultura, desarrollada durante 70 años, permite que los 13,000 miembros de su equipo entiendan los mercados locales y sepan cómo navegar a través de múltiples jurisdicciones.