ANTE LA condena a la nación por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a pagarle a Telefónica Colombia casi $1,7 billones por una demanda sobre reversión de activos, el gobierno dijo que va a recurrir dicho fallo.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo en su cuenta X, que “pediré a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso y quien lideró la defensa, las explicaciones del caso y la revisión de la información aportada. Sin embargo, le informo al país, que a nuestro juicio este fallo aún no está en firme porque procede el recurso de anulación. Le pido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se interponga este recurso lo más pronto posible”.

Señaló Lizcano que “en el año 2018 Colombia fue demandada internacionalmente por Telefónica S.A (BellSouth Colombia) por considerar que la sentencia C555 de 2013 sobre reversión, y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en el año 2014 fundamentadas en ese fallo, violaban el tratado en inversión celebrado entre Colombia y España”.

Incumplimiento

En su fallo, el tribunal internacional consideró que “Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica de acuerdo con el artículo 2 del APPRI”, y lo condenó a pagar la suma de US $379,8 millones (aproximadamente 357,6 millones de euros más intereses compuestos a una tasa del 5% por concepto de compensación por los daños ocasionados, es decir, la totalidad del monto principal y de intereses reclamados por la empresa, con lo que la cifra se acerca a los US $500 millones.

Además, el tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados utilizados por Telefónica durante el procedimiento arbitral, junto con los intereses correspondientes.

Esta determinación de la Ciadi, fue comunicada inmediatamente por la empresa de telecomunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España al sostener que la disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia.

Así, el 2 de febrero de 2018, Telefónica inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de la República de Colombia ante el Ciadi. “En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado que afectaron las inversiones de Telefónica en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones”.

Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica se vio forzada a pagar al Estado la suma de US $379,8 millones en 2017.

Argumentos

Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo por parte de la Corte Constitucional colombiana y otras entidades, fueron implementadas en violación del APPRI. Para resolver la disputa, se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros, que ahora tomó la determinación.

Por otra parte, en el tercer trimestre, Telefónica informó que sus ingresos con corte al tercer semestre crecieron 1,8% en Colombia. Los resultados se dan gracias al crecimiento en materia de conexiones (26%), las cuales se contabilizaron en 1,4 millones: 94% del total corresponde a banda ancha fija. “Los ingresos para este periodo reflejaron la agresividad del mercado móvil y los menores proyectos B2B”, dijo Telefónica. Entre enero y septiembre de este año, el Ebitda de la compañía en el país tuvo un aumento de 9,7% comparado con los primeros nueves meses de 2023.

En cuanto a los resultados de Telefónica Hispam, la compañía aseguró que mejoró sus indicadores operativos mientras hace un despliegue del plan estratégico del Grupo para el tercer semestre de este año. En el segmento fijo, la compañía alcanzó 5,1 millones de accesos de fibra óptica, un aumento de 17% interanual. Se destacó el avance de Argentina (18,3%), Colombia (26%) y Perú (42,7%).

La compañía aseguró que aún se está estudiando la combinación de sus operaciones con las de Millicom en Colombia, con lo cual se dio la firma de un acuerdo no vinculante. La idea es construir valor con los accionistas y “operar de forma sostenible”.