LA SOSTENIBILIDAD fiscal del Sistema General de Participaciones (SGP), que actualmente se debate en el Congreso, fue cuestionada otra vez por el Consejo Gremial.

En una carta enviada públicamente, los empresarios dicen que la reforma al Sistema pone en riesgo la capacidad de las entidades territoriales para asumir más recursos y responsabilidades. Agregan que apoyan la descentralización, pero que también se debe fortalecer la autonomía de los municipios y departamentos.

En el comunicado destacan que es necesario reformar el SGP, y que se abra la discusión de la descentralización, pero señalan que más recursos no es sinónimo de mayor autonomía, y que no todas las entidades territoriales están preparadas para recibir más dinero y labores.

“La autonomía genuina requiere una planificación cuidadosa, que permita a las regiones asumir competencias según sus capacidades reales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿tienen algunas entidades territoriales, especialmente las más marginadas, la capacidad de gestionar estos recursos? Aunque la descentralización es esencial, competencias clave como la seguridad y la administración de justicia deben mantenerse en el ámbito nacional, pues exceden las capacidades y recursos locales”, sostiene la carta de la agremiación.

Capacidad

Según el Consejo Gremial, en esta discusión es pertinente preguntarse si las entidades territoriales más marginadas tienen o no la capacidad de gestionar estos recursos.

Señala el comunicado, que “el fortalecimiento territorial debería centrarse en áreas donde las regiones puedan asumir un rol sostenible, evitando una dependencia creciente de los recursos nacionales y promoviendo su capacidad para generar ingresos propios”.

En su análisis, los empresarios afirmaron que “es indispensable contar con un análisis del impacto fiscal que tendría este cambio que busca pasar las transferencias del 23,8% actual al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un periodo de doce años”.

Sostuvo el CGN que “la estabilidad económica depende de decisiones responsables que generen confianza en los mercados nacionales e internacionales, que ya evalúan los impactos futuros de esta reforma en la solvencia del país. Hacemos un llamado para que, en el proceso de implementación, se considere un balance adecuado entre descentralización y sostenibilidad fiscal”.

Esta misma situación ha sido advertida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que ha indicado que, pese a los ajustes realizados en la plenaria del Senado, la reforma es inconveniente para las finanzas públicas.

“Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el CARF considera inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y, adicionalmente: que las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro y que no exista un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones”, aseguran.

La CARF

También el CARF, adscrito al Ministerio de Hacienda, señaló que con esta reforma “se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto del Gobierno nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma”.

Advirtió que la iniciativa generará un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno, por encima del límite de 71% del PIB, y por tanto se incumpliría la regla fiscal. “Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles”, indicó el organismo. Dijo que por lo aprobado hasta el momento los giros del SGP a las regiones crecerían hasta 8,2% del PIB, situación que sería insostenible y obligaría a obtener recursos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias.

Previamente, la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) propuso que el SGP gire a las regiones máximo el 35% de ingresos corrientes de la Nación. “Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, dijo.

Añadió que “desde ANIF hemos advertido sobre las graves consecuencias que traería la aprobación del acto legislativo que reforma las transferencias a los departamentos y municipios, y proponemos una fórmula alternativa”.