La Ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, se reunió con una delegación del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, encuentro durante el cual se evaluó la agenda de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

Restrepo Gallego expresó que “expusimos todos los compromisos que Colombia ha cumplido durante los últimos siete años y cómo hemos avanzado en el cumplimiento de las normas laborales, aspectos de formalización, violencia contra sindicalistas e inspección, vigilancia y control, entre muchos otros temas”.

Durante la reunión, MinTrabajo expuso diferentes cifras que hablan de los avances laborales y, particularmente, de la capacidad del Ministerio del Trabajo en el tema sancionatorio en procura de mejorar ostensiblemente en las garantías de los derechos laborales en Colombia: en 2017 se impusieron sanciones por un monto superior a $174 mil millones, de los cuales $34 mil millones fue por concepto de intermediación laboral indebida a los denominados sectores ‘prioritarios’, entre los que se encuentran minería, puertos, flores, azúcar y palma.

No obstante la jefa de la cartera laboral explicó que la aplicación de la sanción es la última opción, pues la prioridad es alcanzar con esas empresas acuerdos de formalización laboral, política que permitió solo en 2017 la firma de 49 acuerdos de formalización, lo que se traduce en 6.200 nuevos trabajadores formalizados, no obstante en los últimos seis años, el número de convenios de esta naturaleza llegan a 212, permitiendo la formalización laboral de cerca de 36 mil trabajadores.

Mirada al campo

De igual forma MinTrabajo expuso que si bien, la apuesta del Gobierno Nacional de tiempo atrás ha sido la inspección fija, en decir, sobre todo en la ciudades, una de sus políticas centrales al frente de la cartera laboral ha sido la de volcar la mirada a los sectores rurales del país, para empezar a llegar de una manera más seria a través de la inspección móvil en el marco de las políticas de posconflicto y ruralidad. En este sentido, se adelanta una estrategia que inicialmente cubrirá nueve departamentos y 18 municipios, regiones en las que se capacitarán como vigías en derechos laborales a estudiantes de los últimos años de bachillerato, directivos de juntas de acción comunal y trabajadores, quienes recibirán la respectiva certificación y, a través de una oficina móvil programada para la quinta semana de formación, podrán poner en práctica sus conocimientos.

Al respecto Restrepo Gallego concluyó que, “en un país como el nuestro que está haciendo la paz, tenemos una enorme responsabilidad de generar estrategias para la protección de la empleabilidad rural. El mensaje que queremos enviar es que el empleo rural tiene que ser formal y por eso, en este sentido, tenemos una agenda de inspección, vigilancia y control muy intensa por todo el país plenamente detallada, todo con el fin de ofrecer plenas garantías laborales a los trabajadores del campo colombiano”.

Finalmente, la Ministra expuso que otro de los temas que se expuso ampliamente frente a los directivos y equipo técnico del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, tiene que ver con todas las acciones y estrategias implementadas para la protección a los sindicalistas colombianos, política que ha permitido una reducción importante del número de homicidios a sindicalistas y otros tipos de violencias, trabajo que se ha hecho en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, UNP, entidad del Ministerio del Interior que precisamente acaba de expedir un Decreto para que para la protección a líderes sociales y defensores de derecho humanos, ahora no solo sea de carácter individual sino también de forma colectiva, como por ejemplo, a comunidades que han sido amenazadas