SI ESTE año no se logra incrementar el precio del diésel o ACPM, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), llegará a $11,6 billones. De acuerdo con los analistas, $3 de cada $4 del déficit corresponden al subsidio del ACPM.

La reciente medida del Ejecutivo, que ya está en ejecución, estableció eliminar el subsidio a grandes consumidores que cada mes tienen una demanda de más de 20.000 galones, impactará a unas 150 empresas, principalmente de los sectores de minas y energía, que representan cerca de 60% de las empresas cobijadas por el decreto 0763.

En total se espera que esta decisión genere un ahorro de $50.000 millones mensuales, es decir, $600.000 millones al año, con lo que el déficit del FEPC disminuiría algo pero no sustancialmente.

Desde que se creó el FEPC en 2008, el mayor saldo en rojo que alcanzó fue en 2022 con $36,7 billones.

El Fondo

Según los analistas de ANIF, en un reciente informe sobre la situación de los combustibles y conocido por EL NUEVO SIGLO, el Fondo ha desempeñado un papel crucial en la economía colombiana al mitigar el efecto que tienen las variaciones de los precios internacionales del petróleo sobre los combustibles en el país.

Sostienen los expertos que “el propósito del FEPC desde su creación fue ser neutral en el largo plazo. Es decir, que su funcionamiento estaría apalancado por los periodos de bonanza (cuando el precio interno es mayor al precio internacional), lo que le permitiría inyectar ese excedente de recursos al mercado de combustibles cuando esa situación se invirtiera”.

Por esa razón, resultó imperativo reconsiderar el enfoque del FEPC y abordar de manera urgente la situación financiera en la que incurría luego de la pandemia. Así, el gobierno de turno puso en marcha un plan para eliminar gradualmente el subsidio de combustibles y cerrar de manera paulatina la brecha entre el precio interno y el referente internacional.

Con respecto al ACPM, el Gobierno había anunciado que el incremento de los precios comenzaría a partir del 2024. Incluso desde enero tal como se consignó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. Sin embargo, no ha sucedido. El diálogo entre el Gobierno y los gremios de transporte de carga ha sido constante, pues estos últimos son los más interesados frente a un eventual incremento de ese combustible, como sucedió en el último encuentro del viernes pasado, con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Los bloqueos

Los transportadores rechazan un aumento basado en el precio de paridad internacional como en el caso de la gasolina. Este estancamiento en las discusiones prende las alarmas, como se mencionó anteriormente, acentúa el déficit fiscal generado por este subsidio.

“No hubo acuerdo”, fue la expresión de Alfonso Medrano, presidente de Unidos, el mayor gremio de los transportadores, al señalar que “la decisión queda en manos del Gobierno que es el que ordena el alza”.

El directivo aseguró que el Gobierno proponía un incremento de $3.000 este año y otros $3.000 el año entrante para cerrar la brecha que actualmente se tiene con el precio internacional de este combustible.

Para el sector, el principal argumento para rechazar esta alternativa tiene que ver con los 1.157 bloqueos que se han presentado durante este año en todo el país y que dificultan la operación de este sector diariamente.

“No hay la reactivación económica para disponer nosotros en nuestro transporte para pagar el precio del diésel como dice el ministro. La recomendación sería esperar lo que propone el Gobierno para que nuestros transportadores y el sector económico prevengan las alzas que vienen”, agregó el presidente de Unidos.