LA REDUCCIÓN en el presupuesto del Icetex para otorgar créditos, sumada a los problemas de financiamiento de las universidades públicas, afecta directamente el acceso de los estudiantes de bajos recursos a la educación superior, porque dependen de los recursos de la entidad para financiar una carrera en una universidad privada y, además, va a ser más difícil encontrar cupos en las universidades públicas, lo que limita aún más sus posibilidades de ingreso.
De acuerdo a un análisis de ANIF, miles de estudiantes quedan atrapados en un sistema que no puede responder adecuadamente a sus necesidades, afectando la equidad y la inclusión educativa en el país y los programas de pregrado en el país.
Esto evidencia la importancia del Icetex en términos de inclusión social, ya que no solo fomenta la equidad, sino que también amplía la cobertura de educación superior en el país.
Beneficiarios
Indica el centro de pensamiento, que “los principales beneficiarios de los créditos estudiantiles que otorga el Icetex son los estudiantes de bajos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, quienes, sin este apoyo, probablemente no tendrían la oportunidad de acceder a la educación superior, y mucho menos a una formación de calidad como la que ofrecen las universidades privadas”.
Recientemente, se informó sobre un retraso en el desembolso de recursos destinados al Icetex para la vigencia 2024. Patricia Abadía, la presidente de la entidad, señaló que, a corte de octubre, el Ministerio de Educación solo ha girado $63.000 millones de los $432.000 millones asignados por el Ministerio de Hacienda para este año. Esa situación ha generado un retraso en el pago de matrículas para el periodo 2024-2, afectando a los estudiantes que deben continuar con sus estudios en el primer semestre de 2025 debido a la falta de pagos.
Según un informe de la Contraloría los recursos proyectados para el Icetex disminuirían en un 33%, al pasar de $1,2 billones este año a $859.036 millones en 2025.
Lo anterior, ocasionaría una reducción en los subsidios de tasa compensada de más de 183.000 estudiantes, la pérdida de 34.000 beneficios de condonación por graduación, así como el incumplimiento en la cuota planteada en el Plan Nacional de Desarrollo de asignar 500.000 nuevos cupos para las Institución de Educación Superior (IES) públicas.
“En ANIF conocemos las necesidades de recortes de gasto y menor ejecución presupuestal que enfrenta el Gobierno ante el escenario fiscal adverso. Sin embargo, consideramos que recortar el gasto en educación no es el camino adecuado para lograr el cierre fiscal”, afirma el informe.
Entre 2015 y 2023, las renovaciones de créditos ascendieron, en promedio, a 250.000 por año, es decir, 125.000 renovaciones de créditos por semestre aproximadamente. Esto indica que más de 200.000 estudiantes se verían afectados con los recortes de presupuesto para el otorgamiento de créditos a lo largo del año entrante.
Los créditos
La mayoría de los créditos nuevos que son otorgados corresponden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, con una participación del 91,1% del total, mientras que en el caso de los estratos 4, 5 y 6 es del 8,9%.
El Icetex ha financiado en su mayoría estudios en universidades privadas con el 86,3% del total, en instituciones públicas esta participación ha sido del 10,2%.
“Los principales beneficiarios de los créditos estudiantiles que otorga el Icetex son los estudiantes de bajos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, quienes, sin este apoyo, probablemente no tendrían la oportunidad de acceder a la educación superior, y mucho menos a una formación de calidad”, puntualiza el análisis.
Además, el aumento en el presupuesto destinado al programa “Matrícula Cero” para 2025 plantea un desafío adicional. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno ha declarado que la educación debe ser un derecho económico, social y cultural, continuando con la política de gratuidad en las matrículas de las IES públicas y fomentando la creación de 500.000 nuevos cupos en estas instituciones. Sin embargo, este modelo implica que las IES dejan de recibir los recursos generados por las matrículas, las cuales anteriormente eran pagadas por los estudiantes según su capacidad económica, y ahora dependen exclusivamente de los giros del Gobierno.
Este cambio se produce en un contexto donde las IES públicas enfrentan un problema histórico de financiamiento que se ha intensificado en los últimos años. Esto limita significativamente su capacidad para absorber el aumento proyectado de estudiantes, comprometiendo la meta del Plan Nacional de Desarrollo y generando incertidumbre sobre la sostenibilidad de este esquema de gratuidad.