Una profunda depuración de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con problemas financieros y en el manejo de recursos iniciará el Gobierno. Así lo comunicó el viceministro de Salud, Iván González, quien manifestó que varias EPS perderían su habilitación tras la depuración que está realizando la Superintendencia de Salud, porque hay entidades prestadoras de salud que no le dan un buen manejo a los recursos y otras son corruptas. “Hay EPS malas y corruptas, cuando habla con las buenas todas dicen que la plata les alcanza, el desequilibrio está en los recobros”, dijo el funcionario.

Agregó que el gobierno está trabando en tres ejes sobre el acuerdo de punto final, que incluyen: liquidez, equilibrio y acciones de no repetición para tener el acuerdo del punto final. “Lo que se está planteado es tomar estas deudas y el saldo que nos queda de la liquidación de Caprecom para fortalecer el sistema y en este caso se está trabajando con seis EPS para depurar esas deudas”.

Recursos

El Viceministro indicó que al sistema de salud ingresan todos los meses un poco más de $3 billones para las atenciones de los pacientes y las deudas del sector están alrededor de los $10 billones.

Sostuvo que “el presidente Duque ha venido liderando el acuerdo, es un tema complejo, pero le diría es que al sistema de salud le entran todos los meses inmensas cantidades de dinero, hay dos regímenes, todos los meses giramos $1.6 billones y todos los meses $1.5 billones para el subsidiado, es un sistema que recibe poco más de $3 millones mensuales”.

Agregó que las cuentas “se recibieron en Excel y en papelitos, y tenemos que entender esa realidad, porque una opción es darle valor a esos papelitos. Esto viene de todo un plan de no repetición y esto se está consignado dentro del Plan de Desarrollo”.

Dijo que “hay nuevas tecnologías, y esas atenciones reciben un pago, lo que promete el Ministerio es tomar deudas que estimamos están en $2.5 billones, y un saldo que nos queda de $500.000 millones para hacer un fondo de $4.5 billones para la liquidez del sistema, estas deudas no tienen depuración de cartera”.

La Procuraduría

A este anuncio se suma el que recientemente hizo la Procuraduría General de la Nación a la Superintendencia Nacional de Salud para que se garantice el servicio de Salud de  3.513.551 usuarios afiliados a las EPS Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.

La Procuraduría alerta que Coomeva cuenta con 2.217.567 usuarios y hace presencia en 217 municipios del país, que en caso de incumplimiento pueden verse afectados. Por eso, solicita a la superintendencia remover al actual revisor fiscal y nombrar un contralor que permita a la EPS superar la crisis.

Además, el Ministerio Público solicita que la EPS comience a presentar informes periódicos a los entes de control y la implementación de un plan de seguimiento para controlar la integración vertical. La Procuraduría también solicita supervisar los giros directos que hace la prestadora de salud al régimen contributivo y al subsidiado.

Frente a Emdisalud, que reporta una deuda superior a los $153 mil millones y que lleva ocho años en proceso de intervención, la Procuraduría asegura que la EPS no ha presentado resultados de mejora por lo que solicita medidas contundentes, “debido a esta situación la Procuraduría solicitó a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación y la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS”, sostiene el organismo de control.

Asimismo, sostiene que los 453.524 usuarios “se encuentran en riesgo ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención”.

Por último, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.

“Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos”, asegura el Ministerio Público.