Tras los cuestionamientos de sectores políticos la cifra 6.402 correspondientes a los mal llamados ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga señaló que tienen nombre y cédula y son hechos que nunca se deben repetir.
De igual forma, el magistrado Ramelli Arteaga señaló que la Jurisdicción en ningún momento ha afirmado que va a dar a conocer los nombres completos de las 6.402 víctimas del universo provisional de hechos asociados a asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, adelantó que el tribunal de paz dará a conocer los nombres de las víctimas identificadas en seis autos de determinación de hechos y conductas en los cuales han sido imputados los máximos responsables por el caso.
La JEP también mencionó que por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad 85 comparecientes de la fuerza pública, entre ellos dos generales (r) de la República, han reconocido responsabilidad en audiencia pública ante las víctimas.
Cabe señalar que ante la controversia, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le solicitó a Ramelli Arteaga un listado en el que se especificaran cada nombre y apellido de los 6.402 casos.
“Sírvase informar el nombre, apellido, documento de identidad y constatación de la fecha y el lugar en el que fueron asesinadas de las 6.402 víctimas de los llamados ‘falsos positivos’”, manifestó la parlamentaria.
Esta cifra fue revelada el 18 de febrero de 2021 y representa un hallazgo significativo en el contexto del conflicto armado colombiano, donde se estima que el 78% de estas muertes ocurrieron durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe.
La JEP llegó a este número a través de un proceso meticuloso que implicó el cruce y análisis de datos provenientes de diversas fuentes. Mediante un proceso de contrastar información, se incluyó tres bases de datos para obtener que por lo menos 6.402 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante el periodo de tiempo mencionado anteriormente.