¿Es momento para enajenar activos de la Nación?

En el Congreso se considera que para satisfacer las necesidades de corto y mediano plazo es mejor concentrarse en la austeridad del gasto

Mientras el Gobierno busca la forma de financiar los programas sociales para atender a la población más afectada por la pandemia y simultáneamente aplica un apretón al gasto público, se ha vuelto a hablar de la posibilidad de que la Nación venda una parte de sus activos para obtener recursos.

Sin embargo, no parece ser este el momento de una movida de ese tipo, o al menos así se lo manifestó a EL NUEVO SIGLO el representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, quien sostuvo que “la enajenación de activos está autorizada dentro del Presupuesto General de la Nación. No habrá que autorizarlo en una reforma tributaria. Lo que se ha dado es una facultad, pero con unos condicionamientos. Y yo no sé si el Gobierno ha contemplado esa opción , porque realmente no se si este es el momento más apropiado para salir a enajenar activos”.

¿Ventas?

Al respecto, hace unas semanas lo que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expresó es que el país no va a vender el 100% de ninguna compañía, aunque dejó la puerta abierta para enajenar alguna participación accionaria que tenga el Estado en cualquier empresa.

Efectivamente, a través del decreto 250 de 2021, el Ministerio de Hacienda aprobó el programa de enajenación de las acciones que tienen el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) y La Previsora S.A en la aseguradora Segurexpo.

En total, Bancóldex es propietario de 14.765 millones de acciones de dicha aseguradora, es decir, 49,95% del total del capital suscrito de Segurexpo, mientras que La Previsora posee 28,8 millones de las acciones, un 0,097%.

Con la expedición de ese decreto, en total se enajenarán 14.794 millones de acciones, que equivalen a 50,02% del total de las acciones suscritas y pagadas de Segurexpo que están en circulación.

Según se estipuló en el decreto, las acciones se ofrecerán a un precio fijo de $1,40, con lo que la transacción total alcanzaría los $20.712 millones.

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Cifras del Ministerio de Hacienda señalan que la Nación tiene participación en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones. El año pasado, el viceministro Juan Pablo Zárate habló de recaudar en 2021 el 1% del PIB con venta de activos.

Carrasquilla también les habría dicho a los congresistas, meses atrás, que el Gobierno no iba a vender parte de la participación accionaria que tiene en Ecopetrol, sino que optaría por salir de Colombiana de Telecomunicaciones y de participaciones minoritarias de la Nación en compañías termoeléctricas e incluso en plazas de mercado.

Por esos días se especuló sobre la venta de la participación accionaria del Estado en empresas como ISA, Cenit o Ecopetrol, posibilidad que terminó siendo descartada por el propio Gobierno.

Se señaló entonces que de bienes como Colombia Telecomunicaciones podrían obtenerse unos $3 billones, que de tres termoeléctricas podrían resultar otros $3 billones, que de la participación en plazas de mercado se recaudaría alrededor de $1 billón y que de centrales de transporte, frigoríficos y empresas que se han entregado en parte de pago por deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) saldrían cerca de $3 billones más.

Pero en septiembre, en decisión apretada (cinco a cuatro), la sala plena de la Corte Constitucional tumbó el Decreto 811 de 2020 que habría facilitado la venta de activos de empresas como Ecopetrol, ISA y Colombia Telecomunicaciones, entre otras, con el objetivo de robustecer el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME); para el alto tribunal el decreto no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica en relación al estado de emergencia producido por la pandemia.

SAE

Recientemente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sacó a la venta 2.343 inmuebles, de los cuales 241 tienen descuentos especiales. Se trata de un portafolio de bienes en extinción de dominio, entre los que se encuentran casas, apartamentos, bodegas, oficinas, locales, edificios, parqueaderos, depósitos, fincas, garajes, negocios y lotes ubicados en diferentes regiones del territorio nacional, según lo reportó Andrés Alberto Ávila, presidente de la SAE.

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Para el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, “esa debería ser una de las salidas”, sin embargo, respecto a esos activos anotó que “el lío está en que los trámites administrativos de la SAE no han permitido su venta”, lo que es una lástima porque las otras ventas “no logran dar la caja tan rápido como se requiere”.

En ese sentido, el representante Pérez cree que no es tiempo de distraerse en asuntos que no van a proveer soluciones de corto y mediano plazo, cuando el camino es que “el apretón del gasto tiene que ser real. Y por eso nosotros hemos propuesto ya un adelgazamiento de los gastos de funcionamiento, que se logra de dos maneras: una, recomponiendo algunas entidades del Estado, excluyendo las no necesarias y en ese sentido tenemos que el mismo Gobierno nacional en el Plan de Desarrollo pidió facultades para eso, facultades que no le dio el Congreso, porque es que el Gobierno no puede suprimir entidades si no tiene facultades legales para hacerlo”.

“Entonces estamos pidiendo que en la misma reforma tributaria se puedan entregar algunas facultades para adelgazamiento de los gastos de funcionamiento. La primera fórmula es esa, suprimiendo, fusionando entidades, cargos de libre nombramiento y remoción, contratos de prestación de servicios, etc. Y una segunda forma es que el gasto de funcionamiento no pueda crecer en los próximos ocho o 10 años, o cinco años, más de lo que crezca el IPC y esa es otra forma que nos permitiría un ahorro de cerca de $2 billones por año”, explicó.

“Entonces, son dos fuentes las que seguramente se estudiarán dentro de la ley que se presente como reforma tributaria. No la expedición de un decreto que habla de unos gastos generales, que deben ser controlados también, sin lugar a dudas, pero el gran grueso del ahorro en el gasto público tiene que estar por el lado de los gastos de funcionamiento”, argumentó el congresista.

En este punto, Pérez hacía referencia a lo dicho la semana pasada por el presidente Iván Duque sobre hacer cumplir la primera circular expedida en su gobierno para promover la austeridad en el gasto público.

“Una de las primeras circulares que yo emití siendo Presidente de la República era justamente una circular de austeridad, entre otras cosas donde nosotros hacíamos recortes en muchísimos gastos innecesarios”, recalcó.

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No sé si este es el momento más apropiado para salir a enajenar activos: Pérez