LA TASA máxima regulatoria juega un papel central en la inclusión financiera. Esta se define como el límite al que se puede cobrar por un crédito, que actualmente es 1,5 veces el interés bancario corriente (IBC), por lo cual funciona como una herramienta legal de control de precios en el sector.
En el 2007 se estableció que la certificación del IBC para créditos de consumo y ordinarios se realizaría de manera conjunta. Esto introdujo un sesgo de riesgo pues existen diferencias en los perfiles de personas y empresas que solicitan estas modalidades de crédito, lo que redujo sustancialmente el IBC.
Entre el 2015 y el 2017 se incluyeron algunos cambios que contemplaban la ampliación del monto considerado en las operaciones de crédito, pasando de 2 Smlmv a 6 Smlmv. Este cambio introdujo una mayor diversidad de créditos, aunque también menores tasas de interés derivadas de montos más altos.
Más recientemente, en julio del 2023, se implementaron modificaciones en el cálculo de IBC para créditos de consumo, ordinarios y tarjetas de crédito, pasando de promedios simples en las tasas de interés a una tasa que responde al promedio ponderado por los desembolsos de esas líneas.
Este último ha llevado a una reducción sustancial del IBC, ya que los créditos ordinarios han ganado mayor participación dentro del stock de productos de crédito. Además, en abril de 2024, se incorporaron los créditos de redescuento en el cálculo del IBC. Estas carteras, que históricamente presentan tasas preferenciales y plazos más largos, han acelerado la reducción de la tasa máxima regulatoria. Como resultado de estas modificaciones normativas, el acceso al crédito de segmentos más riesgosos de la población se ha reducido. Esto se ha reflejado en una caída pronunciada en la cartera de crédito en tiempos recientes.
Un nivel bajo del IBC y, por consiguiente, una baja tasa máxima regulatoria, dificulta que las entidades financieras puedan cubrir los riesgos asociados al otorgamiento de créditos a perfiles muy riesgosos, lo que limita su acceso efectivo a mecanismos de financiación.
En términos de inclusión financiera, esto significa que esos perfiles suelen quedar excluidos del sistema formal y se ven obligados a acudir a esquemas como el ‘gota a gota’.
Por eso la ANIF recomienda que los cambios normativos que se han generado sobre el IBC deben ser discutidos para sopesar los efectos que tienen sobre poblaciones vulnerables, lo que a la postre representa una limitación para romper círculos de pobreza y mejorar el bienestar de la sociedad.