SE CONOCIERON detalles del informe de 704 páginas que entregó el agente especial, Edwin Palma al superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez, sobre el estado en el que se ha encontrado la empresa Air-e, la compañía que se dedica a la distribución, comercialización y prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Dentro del informe se descubrió una solicitud de interrupciones programadas para un listado específico de circuitos, sin planificación ni justificación técnica, las cuales eran informadas a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión.

“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro eléctrico con información falsa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, subrayó Palma.

También se detectaron contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos y un deterioro en la calidad del servicio.

El primer informe diagnóstico de la compañía, con fines administrativos, contiene en ocho puntos la situación de la empresa a la fecha de la toma de posesión y fue enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos.

En cuanto a la situación contable y financiera, se señala que la empresa enfrenta un deterioro patrimonial calificado como severo.

“Esto se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1,9 billones, debido principalmente al reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, comunicó la Agencia Especial.

“En especial, procesos ejecutivos, de los cuales 21 están suspendidos por la intervención, por un monto de $69,325 millones”, indicó el informe.

Asimismo, se señala que una de las consecuencias de la crisis financiera es la baja ejecución del plan de inversiones durante las vigencias de 2023 y 2024.

Luego se señaló que esta semana es decisiva, por cuanto la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá dos opciones. Uno, seguir con la administración de Air-e y el otro es iniciar el proceso de liquidación de la compañía.

Respuesta de Air-e

Horas más tarde se conoció la respuesta de la empresa de energía en el que aseguran que “el comunicado del agente interventor tiene defecto estructural: señala los efectos de la crisis, con múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada, pero no explica las causas estructurales que la provocaron. Causas que no son atribuibles a Air-e.

Dentro de la respuesta se recuerda que Air-e asumió el 1° de octubre de 2020, enfrentando inicialmente pérdidas de $60.000 millones mensuales. No obstante, a través de la implementación de su plan de negocios, la empresa logró revertir esta tendencia y alcanzó un EBITDA positivo en el cuarto trimestre de 2022 hasta que se dieron los cambios externos que hicieron inviable su operación como consta en los estados financieros auditados.

Igualmente, destacan que, durante los cuatro años de operación, los indicadores de calidad alcanzaron en 2023 los niveles exigidos para 2030, logrando una calidad de servicio sin precedentes en la región.

Enfatizan que es falso que exista un deterioro en la calidad. “Los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden interrupciones del servicio, mejoraron a niveles históricos respecto a lo que se vivía en la época de Electricaribe como lo certificaron las auditorías de calidad adelantadas cada año por entidades independientes”.

Acerca de los racionamientos, la empresa aseguró que tiene la potestad legal de programar los mantenimientos que considere necesarios dentro de su estrategia para operar el sistema siempre y cuando cumpla con las metas de calidad.

Adicionalmente, Air-e avisó que reactivaría los “periodos de continuidad”, de acuerdo con la disposición legal, en las comunidades que no cumplían con sus mínimos de recaudo y hurto de energía.

Por último, confirmaron que solicitarán el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiera UIAF y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para una auditoría forense que se ha dispuesto al sistema contable y financiero de la compañía.