PARA ESTE año, los dineros asignados dentro del presupuesto general para el cubrimiento de los subsidios a la población de menores recursos tuvieron un crecimiento nominal estimado del 5% para llegar a un total de $ 9,8 billones.

Sin embargo, hasta octubre de este año, el gobierno mediante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), encargado de desembolsar los subsidios, está colgado en casi el 50% de las asignaciones. Tanto es así que en el décimo mes del año apenas se han ejecutado $4,9 billones, de acuerdo con un informe de Corficolombiana.

A pesar de la estabilización económica lograda con las transferencias entre 2019 y 2022, en años más recientes, estas se han alineado con la desaceleración económica, afectando el consumo de hogares vulnerables.

En lo corrido del 2023, las transferencias sociales han presentado una marcada disminución, en un contexto de transición de Ingreso Solidario a Renta Ciudadana, refocalización de programas y baja ejecución por parte del Departamento de Prosperidad Social. Para 2024, se prevé una contracción en términos reales en las transferencias, lo que podría agravar el impacto del ciclo económico en los hogares con menores ingresos.

Focalización

En cuanto a la focalización, aunque los subsidios sí se concentran en los hogares de menor ingreso, hay una reducción mínima en los primeros cuatro quintiles de la población con la información disponible de 2023. Esto representa un deterioro de la progresividad de las transferencias respecto a 2021. Por programas, el mejor focalizado es Colombia Mayor, mientras que el más regresivo es Jóvenes en Acción.

Señala el informe de la entidad financiera, que “la composición actual de las transferencias continúa concentrada en “otros”, rubro que incluye Ingreso Solidario, seguido por Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Sin embargo, en los últimos trimestres ha iniciado una convergencia hacia la composición prepandemia de las transferencias, con una mayor participación de los programas tradicionales”.

Para 2024, los recursos aprobados en el Congreso para el rubro de inversión del DPS permiten anticipar una contracción en términos reales de este componente de ingreso, pese al crecimiento nominal que se estableció en el presupuesto general.

Según la investigación, “un mejor nivel de ejecución de subsidios mitigaría parte de la desaceleración en el consumo proveniente del deterioro previsto en el mercado laboral, en respuesta al menor nivel de actividad productiva. No obstante, las cifras de presupuesto asignado y aprobado para 2024 no sugieren que los programas de transferencias monetarias, al menos los focalizados desde el DPS, podrán suavizar el efecto del ciclo económico en el consumo de los hogares pobres y vulnerables el próximo año”.

Disminuciones

Por otra parte, y pese a que las transferencias sociales son uno de los pilares del gasto social propuesto por la administración actual, “lo cierto es que en lo corrido del año 2023 a agosto los subsidios reportados por los hogares en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, acumulan una caída cercana al 30% real, con retrocesos de 40% en el monto desembolsado para otros programas –siendo Ingreso Solidario el de mayor participación–, de 20% en Colombia Mayor, del 15% en Jóvenes en Acción y del 10% en Familias en acción. Cabe aclarar que estas cifras se dan en el marco de la transición desde el programa de Ingreso Solidario hacia Renta Ciudadana, la refocalización de los programas tradicionales y una baja ejecución por parte del DPS”.

Respecto a la focalización, el ingreso por subsidios tiene la particularidad de ser progresivos, al concentrarse en los hogares con un menor ingreso y perder participación en la medida en que el ingreso aumenta.

“Sin embargo, contrario a lo esperable, esta reducción se da en una magnitud muy pequeña en los primeros 4 quintiles de la población. La progresividad de los impuestos era mayor en 2021. Por programas: el programa de adulto mayor es el mejor focalizado, seguido por familias en acción, cuyo nivel de progresividad es similar al agregado”, indica el análisis.

Señalan los investigadores que “en contraste, las transferencias de jóvenes en acción son regresivas, pues benefician en mayor medida a las familias que cuentan con mayores ingresos laborales. En efecto, este programa de transferencias monetarias condicionadas al acceso y permanencia en programas de educación superior requiere de formación básica primaria y secundaria completa, lo cual no es siempre accesible para los quintiles con menores ingresos”.

Programas

En el detenido informe de Corficolombiana, se explica que, por participación, dentro de los ingresos reportados por los hogares, los programas con mayor monto en los últimos meses son i) otros, con (Ingreso Solidario o Renta Ciudadana como el más representativo), seguido de ii) Colombia mayor, iii) Familias en acción y iv) Jóvenes en acción. En consecuencia, la composición de las transferencias monetarias está convergiendo lentamente hacia su referente prepandemia, en el cual el componente de otros representaba cerca del 15% (luego de alcanzar un máximo de 60% de acuerdo con la GEIH en 2021), Colombia mayor y Familias en acción 40% cada una, y el monto restante se destinaba a Jóvenes en acción.

La pandemia impuso la necesidad ampliar y potenciar las transferencias monetarias a los hogares, con el fin de mitigar las afectaciones de las restricciones a la movilidad implementadas. Específicamente, el presupuesto del DPS se expandió desde $ 2,1 billones en 2019 a cerca de $ 13 billones en 2020 y 2021. En consecuencia, el componente de subsidios pasó de representar 0,5% de los ingresos totales de los hogares en 2019, a multiplicarse por 6 veces (3% de los ingresos) a mediados de 2021.

Actualmente, las transferencias monetarias son la cuarta fuente de ingreso de los hogares, precedidas por el ingreso laboral, los desembolsos y las remesas. Dada su creciente relevancia, las perspectivas de este componente resultan determinantes para prever el consumo de los hogares en 2024.

Idealmente, en línea con su objetivo de política social, las transferencias monetarias son una herramienta de estabilización económica, que mitiga parte de la fluctuación proveniente del ciclo económico. Aunque este fue el caso entre 2019 y 2022, años en los cuales se observó una tendencia opuesta a la brecha del producto, como parte de la estrategia de mitigación de los impactos sociales de la pandemia, en los últimos años las transferencias se han alineado con la desaceleración de la economía, amplificando el efecto sobre el consumo de los hogares más vulnerables.

¿Pago a fallecidos?

El senador de la Alianza Verde, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, denunció que cerca de 20.000 personas fallecidas en el país reciben un subsidio por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“Son más de $ 3.000 millones que les han pagado a más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio del Departamento de Prosperidad Social, es muy grave, son recursos que se están destinando a personas que hoy no están”, afirmó el senador.

Moreno, en un debate de control político en el Congreso al manejo de los recursos de subsidios, dijo que en los informes se revela que estos dineros se están entregando subsidios de los cinco programas a personas pensionadas, contratistas de alcaldías que no necesitan ningún tipo de ayuda, o quienes según el puntaje que tienen en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) no deberían recibir este tipo de ayudas.

Por todo esto le solicitó a la directora del DPS, Laura Sarabia, una reorganización de “los puntajes de muchas personas hoy que no merecen estar acá, que no merecen estar dentro de un programa social”.

Por su parte Sarabia no desmintió la información dada y afirmó que se están poniendo en marcha medidas para que quienes reciban los subsidios y ayudas del Gobierno nacional realmente lo necesiten.

Finalmente, sostuvo que van a adelantar unas mesas de la mano de la Registraduría Nacional, la Fiscalía General y el Ministerio de Salud, para evitar esos delitos.