Hay confusión sobre fallo para operación de Uber | El Nuevo Siglo
Foto archivo AFP
Sábado, 20 de Junio de 2020
Redacción Economía

Luego que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio contra Uber, todavía hay confusión de si la empresa puede volver a operar en el país.

Los magistrados del Tribunal concluyeron que estaba vencido el plazo de dos años para que se avanzara en los procesos por competencia desleal de la empresa. Es decir, que las actuaciones irregulares de Uber habrían iniciado en 2012, y la demanda interpuesta por el gremio de los taxistas fue radicada en abril de 2016.

La plataforma Uber celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que reversa un fallo que calificó injusto y fue proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 20 de diciembre de 2019.

En una comunicación afirmó que “agradecemos a nuestros arrendadores y arrendatarios por su apoyo incondicional en este año tan difícil. Este hito nos da aún más energía para aportar en las soluciones que el país necesita”.

Uber manifiesta que “ante la difícil coyuntura económica que enfrentamos a causa del Covid-19, busca ser un aliado del país para recuperar la economía y ofrecer oportunidades de generación de ganancias adicionales para miles de personas. Aquellos que se han visto afectados por la crisis, encuentran en Uber, una gran alternativa en este momento de reactivación económica”.

 

Urgencia

Reiteraron, la urgencia de tener normas claras que permitan potencializar el crecimiento de estos sectores beneficiados por la tecnología y así transformar a Colombia, en sociedad más incluyente, más segura y con mejores ciudades.

“Nuestra intención seguirá siendo mantener un diálogo abierto con el Gobierno colombiano, el Congreso, las autoridades locales y todos los actores interesados, con el fin de compartir toda nuestra experiencia global para construir un marco normativo moderno para todas las plataformas de movilidad colaborativa”, afirma Uber.

Finalmente, la plataforma manifiesta que harán una revisión detallada del fallo para definir, “nuestros próximos pasos, particularmente en lo relacionado con el modelo disponible en Colombia desde febrero de este año”.

Por su parte, el gremio de los taxistas rechazó tajantemente esa determinación judicial.

Hugo Ospina, quien es uno de los líderes del gremio de los taxistas, afirmó que Uber debe finalizar todo tipo de actividad comercial en el país, en cumplimiento con una decisión administrativa que profirió la Superintendencia de Transporte.

“Por eso, nosotros sí somos respetuosos de las decisiones de nuestros jueces a diferencia, y hay que decirlo, de Uber, que ya le habían ordenado suspender operaciones en Colombia mediante un acto administrativo. Y recordemos que Uber elevó una demanda ante el Consejo de Estado y ese alto tribunal ni siquiera le admitió para estudio esa demanda”, sostuvo Ospina.

Así mismo, Ospina manifestó que la determinación de la entidad no es de este año sino de 2016, al advertir que Uber está en mora de cumplir con la orden que dio en su momento la Superintendencia de Transporte.

 

Rechazo

A su vez, Nicolás Alviar Romero, abogado de Taxis Libres, aseguró que pese al fallo del Tribunal de Bogotá Uber no puede operar normalmente en el país. “Definitivamente la plataforma Uber no puede operar en Colombia, ya que una cosa es la demanda de competencia desleal que radicamos y que el tribunal erradamente está considerando que prescribió. Y otra cosa muy diferente es la actividad de transporte en vehículos particulares”, recalcó.

Y agregó el directivo sindical que “la decisión del Tribunal de Bogotá no quita las facultades a la Superintendencia de Transporte ni está diciendo que Uber puede operar y ha sido claro el Gobierno que una cosa es la decisión judicial y otra la administrativa”.

La prohibición de la plataforma de Uber por competencia desleal y violación de las normas y desviación de clientela que se sentenció el pasado mes de diciembre, marcó un precedente dentro del derecho de la competencia y, de hecho, vinculaba a la estructura de Uber a nivel mundial. Dicha decisión también ordenaba a que los datos relacionados con Uber debían suspenderse entre las empresas de telecomunicación.