DURANTE LA audiencia pública sobre el proyecto de ley 212 de 2024, radicado ante el Congreso de la República, el profesor Andrés Felipe Mora, vicerrector general de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), destacó que esta propuesta reconoce por primera vez el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas e insistió en que el 1% del PIB en educación superior debe quedar explícito en dicha ley.

“Es la primera vez que en el país se habla abiertamente de la histórica deuda del Estado con la educación superior. Eso es esencial para fortalecer la base presupuestal de las instituciones y garantizar su autonomía”, afirmó el académico durante su intervención en la audiencia pública, cuyo objetivo era divulgar los avances, resultados y desafíos de la financiación de la educación superior colombiana, mediante un diálogo público.

Según el vicerrector, “actualmente el país gasta 10 veces más en el servicio de la deuda pública y 3 veces más en seguridad y defensa que en educación superior”.

“Para avanzar, precisamente, en la garantía del derecho fundamental a la educación, en la ley debería quedar explícito el objetivo de que la inversión en educación superior pública, y en este caso para las universidades públicas, alcance como mínimo el 1% del producto interno bruto (PIB)”, subrayó.

Durante la audiencia realizada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reiteró que la meta es que el país pase del 0,54 al 1% del PIB para invertir en educación superior, garantizando así más cobertura, gratuidad y estabilidad laboral para los docentes.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció que “ya estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para asegurar el aval fiscal del proyecto. En 2 años logramos subir la inversión en 1,4 puntos porcentuales del PIB; recibimos el gobierno con una asignación de 0,4% en gastos de funcionamiento de educación superior, y ahora llegamos al 0,54%. Con la reforma, el reto inmediato es llegar al 1% y garantizar que estos recursos sean estructurales”.

El ajuste financiero requerido por la educación superior del país se hace urgente teniendo en cuenta que entre 2000 y 2023 las matrículas en las universidades aumentaron alrededor del 176%, mientras que los recursos del Estado para la educación superior solo han crecido un 62% en términos reales.