Colombia tiene puesto los ojos en el desarrollo de su infraestructura vial, no solo de las concesiones que vienen de años anteriores (17 en la ANI y nueve en el Invias), en las obras de primera, segunda y tercera generación, sino también en la importancia y expectativas en el paquete de 30 carreteras, de proyectos de APP de cuarta generación de dimensiones nunca antes vistas en el país.

Un informe de la ANDI resalta que estos proyectos tienen un efecto importante en la economía, acelerando el gasto financiero en obras civiles y los sectores que encadena, así como en la competitividad logística, tiempos y costos del transporte.

Limitantes

Los limitantes más importantes se podrían clasificar en dos grupos: los iniciales, que comprenden temas de formulación, contratación, y financiación, que por supuesto han impactado las APP de infraestructura vial. Por fortuna, ha habido mejoras regulatorias que protegen al inversionista y dejan en claro los procedimientos de vinculación y desvinculación en los contratos. De esta forma se va despejando el panorama para atraer los capitales que requieren las obras por concesionar.

Por otro lado, están los impedimentos de índole operativa que han pausado algunos proyectos de 4G. Estos limitantes han impactado tanto a aquellas obras que recién tuvieron sus primeros avances, como aquellas que llevan una construcción más adelantada.

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Transporte, tiene perspectivas sustanciales para destrabar estos limitantes para 2019. La resistencia de comunidades frente a ciertos peajes será resuelta con la relocalización de estos a principios del siguiente año, en esta situación está la Transversal del Sisga, la Autopista Mar 2, y la 4G que colinda con la frontera ecuatoriana Pasto-Rumichaca (Ola 2), igualmente para el caso de la IP Antioquia-Bolívar.

Entre las limitantes en el tema de predios los tienen, entre otros, el proyecto de Loboguerrero, que adicionalmente tiene problemas de licencia y sustracción de bosques.

La obra Acceso Norte (a Bogotá) con problemas en predios en Chía. Se proyecta superar estas limitantes el próximo año. Para el caso de Quilichao-Popayán, Pasto-Rumichaca tendrá que destrabarse al cierre de este año cuando los concesionarios opten por la opción de ceder el contrato o realmente avanzar en ello.

Asimismo, el proyecto de primera Ola Conexión Norte ha tenido problemas de orden público, que, según declaraciones del Gobierno, se resolverá con mayor presencia de fuerza armada.

Balance

En cuanto al balance de proyectos de 4G, se destaca que en 2018 el desempeño de las obras de cuarta generación, que a su vez contiene cuatro subgrupos por olas, fue, en general, de resultados mixtos: estable en el avance de las carreteras más consolidadas (Primera Ola) pero letargo en la construcción y en la licitación de los proyectos más recientes. En suma, la pausa de estos proyectos de infraestructura ha resultado en un desempeño del PIB de obras civiles que decrece frente a la actividad de construcción del año anterior. (Los tres trimestres disponibles tienen variaciones anuales negativas en su crecimiento real).

Referente a la primera Ola, las nueve obras fueron adjudicadas durante 2014 con proyectos que suman más de 1.000 kilómetros de vías a intervenir, y valores de obra que superan los $14 billones. Todas se encuentran en construcción excepto el proyecto Loboguerrero-Mulaló. Las ocho carreteras en marcha tienen un promedio de avance de obra de casi 40% (a corte del último reporte). Estas carreteras han progresado en 2018 al menos en 10 puntos porcentuales en el indicador de avance, y se espera que para el cierre del año se reporte un porcentaje mucho mayor.

En cuanto a la segunda Ola de carreteras, siete de las nueve obras adjudicadas han arrancado, pero ninguna completaba más de dos dígitos de porcentaje de avance, y se estima que en el año ha progresado al menos en tres puntos porcentuales en promedio desde el inicio de 2018. En total, este grupo de obras comprende 1.800 kilómetros concesionados por valor de $19,6 billones.

Por su parte, las obras de iniciativa privada (IP) son otro grupo de 10 proyectos de concesión que implican 2.255 kilómetros a intervenir y se vienen contratando desde 2015. Este grupo de obras avanzó en 2018 en su construcción más que los proyectos de la segunda Ola, pues frente al arranque del año se progresó en al menos siete puntos porcentuales de avance en promedio en siete de las obras del grupo.

Si bien en la tercera ola hay otras 11 obras en el pipeline de proyectos de gran envergadura, con 1,900 kilómetros, hasta ahora solo se han madurado dos de ellos bajo la gestión de la ANI. Uno en licitación y otro en reconstrucción. Está por resolverse la adjudicación del restante de obras de la “ola actual”.