DE ACUERDO a los datos compartidos por la Superintendencia de Salud, a la fecha hay siete EPS con medida preventiva y en intervención forzosa administrativa, las cuales son Emssanar (Pasto - Nariño), Asmet (Cauca - Popayán), Savia (Medellín - Antioquia), Famisanar (Bogotá), Nueva EPS (Bogotá), Servicio Occidental de Salud - SOS - (Cali - Valle del Cauca) y Sanitas (Bogotá), éstas últimas tres fueron intervenidas este año.

La grave situación afecta a más de 20 millones de usuarios que se encuentran afiliados de la siguiente manera: Emssanar 1.766.375; Asmet 1.618.489; Savia 1.670.072; Famisanar 2.824.969; Nueva EPS 11.114.029; SOS 751.349 y Sanitas 5.792.735.

A raíz del panorama anterior, este Diario consultó a Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, para conocer de cerca la situación del país, y que implica el siguiente panorama:

1. Resultado de las intervenciones

Tal y como explicó Leal, cada una de las EPS intervenidas tienen una medida en el tiempo que es diferente. No obstante, las últimas intervenidas Nueva EPS, Sanitas y SOS, tienen un diagnóstico que han radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, quien a su vez tiene la obligación de verificar ese diagnóstico y de revisar el plan de trabajo que va acompañando el diagnóstico “ya con base en ese diagnóstico de cuáles son los hallazgos que puede tener, de falencias o de carencias administrativas para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, la Superintendencia revisa ese plan de trabajo construido y define si hace correcciones o no para ser finalmente aprobado y es ese precisamente el plan de trabajo que continúa vigilando la Superintendencia para cumplir con los objetivos del agente interventor del interior”.

2. Traslado de los usuarios

“En este momento no hay ninguna EPS que se encuentre en proceso de liquidación ni de traslado de afiliados ni de usuarios, cada proceso requiere un estudio específico por territorio, por perfil demográfico, por capacidad económica y administrativa de cada una de las EPS que tendrían la posibilidad de admitir esos traslados”, sumado a lo anterior, el superintendente aclaró que no es una sola EPS la que tiene la responsabilidad o a la que se le asigne la totalidad de los afiliados de otra EPS que entre en proceso de liquidación en el caso de que se llegara a aceptar el proceso de liquidación o desmonte progresivo de servicios, como lo planteó la EPS SURA.

“Eventualmente ante un proceso de liquidación forzosa voluntaria son tres días después de que se autoriza la liquidación, el proceso que se tendría para hacer el traslado administrativo de cada uno de las pacientes del interior del sistema; sin embargo, es fruto del estudio de Superintendencia que se hace una recomendación al Ministerio de Salud y es el encargado de generar esos trámites para realizar esos traslados”, acotó.

1. Argumentos de la Supersalud

Al preguntarle a Luis Carlos Leal sobre qué piensa de quienes afirman que la Supersalud se ha convertido en la mayor EPS del país, el funcionario le dijo a este Medio que las opiniones vienen de personas que no conocen la función de la Superintendencia, pues la entidad no administra recursos de ninguna EPS. Por otro lado, explicó que, cuando se hace una intervención forzosa administrativa para administrar, lo que hace la Supersalud, es tomar una medida para corregir lo que está ocurriendo, “pero no lo corrige la Superintendencia, porque he visto mucha gente criticado que la Superintendencia no tiene la capacidad administrativa para hacerlo y es verdad no lo tiene y no tiene por qué tenerla porque no es su función por ley”.

A lo que añadió: “la Superintendencia continúa siendo de inspección vigilancia y control, nunca de administración, es más por ley está prohibida la coadministración por parte de la Superintendencia de cualquier tipo de entidad cuando se toma la medida”.

2. Actuación del Gobierno

Uno de los argumentos de las EPS es que el Gobierno las ahogó financieramente para poder tomar posesión y provocar una crisis en el sistema de salud, una opinión que para el superintendente es carente de argumento “porque si el Gobierno las hubiese ahogado financieramente no les hubiese y girado los recursos de la UPC sagradamente y mensualmente como lo ha venido haciendo a cada una de las EPS y como está demostrado en los sistemas de datos públicos −que la ADRES tiene disponibles−. Lo segundo, si hubiese sido una estrategia, no se hubiera aumentado la UPC por encima de lo que la ecuación habitual daba como resultado, es decir, la UPC daba un porcentaje y lo que hizo el Gobierno, este año, fue subirlo por encima del porcentaje”.

Así las cosas, para el experto, los recursos económicos que han girado y requieren un esfuerzo del Estado han sido mucho mayores a lo que se ha hecho en años anteriores y en ocasiones anteriores a las EPS “financieramente han tenido crisis históricas, no es la primera vez que hay una crisis financiera al interior de las EPS y no en vano, en este país se han hecho tres leyes de Punto Final, ¿qué significa?, a las EPS el Estado les giró la plata, no pagaron, estaban comprometidas económicamente el estado dijo: bueno yo les pago lo que ustedes deben, aunque ya se los hubiese pagado. Y en tres oportunidades les pagó las deudas a la EPS para salvar a los prestadores y para garantizar un flujo de recursos del interior del sistema, luego esta crisis viene presentándose hace décadas”.

Por otro lado, Leal enfatizó que, si alguien tiene esa medida, regla, norma o disminución en los recursos que se haya dado por parte del Gobierno nacional, “que la demuestre”, pues según indicó, el Estado ya se puso al día con los presupuestos máximos e incluso con un atraso que venía desde el 2021.

“Los argumentos de quienes han dicho que el Gobierno ha generado estrategias para ahogar financieramente a la EPS no tienen ni un solo sustento, porque lo único que han dicho −y quienes lo han dicho en repetidas ocasiones es ACEMI− básicamente manifiestan que les han subido la UPC, pero por qué ellas no contestan y dicen cómo están administrando la UPC, la pregunta no es, si es suficiente, es si es eficiente”.

3. EPS que ocultan facturación

En cuanto a las acciones que proceden para las EPS que ocultan información, esto relacionado con la denuncia que hizo la Supersalud sobre que la Nueva EPS habría escondido facturas por el monto de 5,5 billones de pesos desde el 2019, Leal explicó que, el agente interventor tiene la responsabilidad de hacer las denuncias penales o agentes de control, de acuerdo con los hallazgos evidenciados en cada una de las intervenciones “la Superintendencia no tiene funciones de sanción, sino de control sobre las entidades, ya se hizo un control, ahora es el agente interventor quien tiene la responsabilidad de acuerdo con los hallazgos hacer los traslados administrativos necesarios para que sean los entes de control encargados tanto de lo disciplinario como de lo fiscal y lo Penal que se hagan las investigaciones pertinentes para que obviamente se esclarezca lo que ocurrió durante muchos años atrás o al menos desde el 2019”.