DESDE SUBSIDIOS a las tasas de interés, establecer ‘un pacto por el crédito’, hasta generar alternativas financieras, han propuesto los empresarios y gremios al Gobierno para dejar de lado su iniciativa de inversiones forzosas.

Pese a la oposición de los dirigentes empresariales, en el camino han surgido alternativas que parten desde la insatisfacción para que el gobierno obligue a los bancos a prestar los ahorros de los usuarios a personas con bajo historial crediticio, hasta los cuestionamientos al Ejecutivo de que vaya a administrar recursos privados para repartirlo en proyectos oficiales, con un alto riesgo de perderse.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha reiterado a los medios, que “la duda es por qué un recurso privado, de ahorro privado, que se le entrega a un establecimiento de crédito, ahora el Gobierno tiene la autonomía para distribuirlo con criterios de gobierno; entonces, entregando ese recursos a través de créditos a sectores supuestamente beneficiarios de una política de reactivación económica con un criterio politizado o politiquero, con un criterio burocrático, donde puede haber, incluso, problemas de corrupción o de falta de integridad y donde claramente puede haber muchas ineficiencias”.

Asobancaria

En una primera reacción a las inversiones forzosas, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, calificó la medida como “un mecanismo de represión financiera” que podría generar más perjuicios que beneficios para la economía del país.

Según Asobancaria, esta propuesta resulta inconveniente porque limita el crédito disponible para otras actividades económicas, lo que a su vez podría elevar las tasas de interés.

Jonathan Malagón afirmó que la medida constituye un “subsidio cruzado” que reduciría los fondos prestables, obligando a la mayoría de los colombianos a pagar tasas de interés más altas, mientras que los sectores favorecidos recibirían tasas más bajas. Esta situación podría desencadenar distorsiones en el mercado crediticio, afectando al desarrollo económico integral.

El directivo agregó que, en su lugar, Asobancaria propone avanzar hacia un “Gran pacto por el crédito”, que consistiría en incrementar los desembolsos destinados a sectores estratégicos, como la vivienda, turismo, manufactura, economía popular y agropecuario.

Esta propuesta del gremio bancario busca destinar unos $35 billones adicionales para créditos a baja tasa de interés, con el objetivo de promover la reactivación económica del país sin la necesidad de recurrir a inversiones forzosas.

En el desarrollo de esta alternativa, se proyecta aumentar los desembolsos anuales de aproximadamente $120 billones a $155 billones, lo que representaría un incremento del 30% en la colocación anual de créditos.

Este incremento se distribuiría en sectores clave, asignando $14,6 billones para vivienda, $110 billones para manufactura, incluida la transición energética, $21,1 billones para el sector agropecuario, $3,5 billones para la economía popular y comunitaria, y $5, 7 billones para el turismo.

Para cada uno de estos sectores, la estrategia de Asobancaria incluye planes específicos con el fin de optimizar el uso de los recursos y fomentar el crecimiento.

Por ejemplo, en el sector vivienda se propone reducir las tasas de interés del 14,1% al 10,6% y mantener subsidios, como el programa Mi casa ya, mientras que en agro se prevé aumentar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) en 10 puntos porcentuales y asignar más recursos al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA).

La ANDI

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo en un comunicado enviado a EL NUEVO SIGLO, que “el dinero de los bancos o en los bancos, no es de propiedad de los bancos. El dinero en los bancos es de propiedad de los colombianos. El dinero en los bancos es el resultado de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes o de los CDT que lo compran las personas o lo compran las empresas”.

Indica que “es decir, cualquier cosa que se vaya a hacer con ese dinero es el dinero de los colombianos, se le está diciendo mediante la propuesta a los bancos use el dinero de los colombianos con ese dinero. Cómpreme unos papeles, unos bonos, pásele el dinero al estado y el estado con ese dinero le dará unos créditos a algunas otras personas que eventualmente no tienen capacidad de llegar a tener crédito”.

Señala que “entonces en última instancia lo que estamos diciendo es usemos el dinero de los colombianos y entreguémoselo a entidades o a personas que eventualmente tienen un riesgo alto y una capacidad crediticia baja. Esa es una muy mala idea porque van a pasar dos cosas. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda, y adicionalmente también el reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros, va a bajar”.

Ante esta situación, Mac Master propone que “el estado tiene una entidad que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que está diseñada exactamente para eso, para poder garantizar los créditos de personas que no tienen capacidad crediticia frente al sector financiero para que ellos puedan acceder al crédito. Ahora bien, si uno creyera que es que el crédito es demasiado costoso, hay otra solución complementaria y es la de eventualmente darle subsidios al crédito, subsidios a la tasa de interés. Es decir, estos créditos que se estará tocando aquí con el Fondo Nacional de garantías pueden tener un subsidio, es decir, parte del costo del crédito lo puede asumir el estado sería una porción muy baja, sería un costo muy bajo y seguramente dependería solamente de recursos del presupuesto general de la nación”.

Fenalco

Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sostuvo en un análisis enviado a este Diario, que “nos preocupa sobremanera que esta mala idea del presidente, que ya se implementó en otros países como Argentina y Venezuela con pésimos resultados, siga su curso y que encuentre el apoyo del Congreso, tal como ocurrió con la reforma pensional. No hay una sola razón para creer que el Gobierno, que ha demostrado su ineficiencia para administrar recursos, con escándalos de corrupción, pobre ejecución y hasta dobles pagos de salarios, pueda asumir la responsabilidad de decidir cómo se invierte el dinero del ahorro de los colombianos”.

Añadió que, al incrementarse las inversiones forzosas, necesariamente habrá menos fondos prestables disponibles para los sectores excluidos de los supuestos beneficios de crédito barato y sin duda alguna se encarecerá el crédito para la mayoría de empresas y, también para las personas naturales.

El vocero gremial pidió que se retomen las conversaciones entre Gobierno y la banca privada para buscar fórmulas más convenientes que la aplicación de las inversiones forzosas. “Definitivamente es una idea mala y peligrosa porque no solamente se volverá más costoso el acceso al crédito para la mayoría de la población, sino porque al ser una oficina gubernamental la que decida a quién debe asignarse cupos de crédito más barato que el del mercado sin la exigencia y rigor que caracteriza a los bancos, se corre el grave riesgo de que muchos de esos recursos se pierdan por incumplimiento en los pagos, comprometiéndose la estabilidad fiscal”.

Otro destino de los créditos

Actualmente, los establecimientos de crédito deben destinar el 1% de sus inversiones a Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) desde 1993. De acuerdo con un estudio de Corficolombiana, el crecimiento en los requerimientos de inversión en TDA muestra una correlación positiva con el incremento en el saldo de la cartera de créditos del sector agropecuario. Dado que el 96,7% del fondeo de Finagro proviene de TDA, esta fuente ha sido crucial para sostener el crecimiento de la cartera.

Sin el acceso a estos recursos, Finagro habría enfrentado dificultades para lograr aumentar la oferta del crédito agropecuario. Sin embargo, desde 2014 otros actores como el Banco Agrario han incrementado su participación en la cartera de créditos del sector.

Al cierre de 2023, el requerimiento de inversión en TDA alcanzó los $17,5 billones, mientras que la colocación total de crédito en el sector agrícola fue de $24,8 billones y el saldo de la cartera alcanzó los $40,3 billones.