Las compañías agremiadas en el Consejo de Empresas Americanas (CEA), que representan el 7,4 % del PIB y aportan más de 100.000 empleos directos en el país, mostraron preocupación frente a algunos aspectos puntuales de la reforma tributaria del Gobierno y que quedaron consignados en la primera ponencia aprobada por el Congreso.

El CEA expresó su disposición a aportar a la construcción de esta reforma e invitó al Gobierno a tener en cuenta sus preocupaciones y propuestas.

En declaraciones ayer a varios medios, el director ejecutivo del CEA, Ricardo Triana Soto, se refirió a los rumores frente a una posible demanda por parte de las empresas estadounidenses al proyecto de ley, debido a que habría violado algunas cláusulas de arbitraje internacional que se emplean cuando son cambiadas las condiciones de los contratos de inversión en un país.

“No es que las empresas estén demandando, sino que como en la reforma tributaria se incluyeron unos temas realmente complicados para la industria del petróleo y el carbón, pues se estarían modificando estas condiciones y obviamente tienen esta instancia, que se trata de acudir al arbitraje internacional para resolver estos litigios”, indicó el director ejecutivo del CEA.

Triana Soto señaló que desde el Consejo de Empresas Americanas han identificado algunos puntos de la reforma tributaria que estarían violando artículos del Tratado del Libre Comercio (TLC).

En un comunicado, el CEA indica que “la derogatoria del literal J en el artículo 428 del Estatuto Tributario, planteada dentro de la ponencia, significa una violación al cumplimiento del TLC con Estados Unidos, lo cual podría desencadenar en demandas internacionales”, indica.

Este cambio, según el CEA, compromete la exención de IVA y arancel “a los bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de US$200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o Tratado de Libre Comercio”.

Consecuencias

“Volver a cobrar IVA a estos envíos tendría consecuencias negativas para los importadores y consumidores colombianos, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen ser los principales beneficiarios del acceso y las oportunidades que ofrece el comercio electrónico mundial y un régimen viable de minimis y otras medidas de facilitación del comercio”, añadió.

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Gonzalo Hernández Jiménez, viceministro técnico de Hacienda, explicó que este renglón era mínimo y acordó en quitarlo del proyecto de reforma, sin embargo, dentro de la misma ponencia derogan el párrafo, con lo que se “entraría en violación de un artículo del TLC con Estados Unidos que dice que no se puede cobrar”.

Petróleo y carbón

Mencionó, asimismo, que “tenemos un tema con el sector del petróleo y carbón, donde le están quitando la deducibilidad a las regalías, con lo cual deberían pagar impuesto sobre eso. Esto no está en los demás países y es lo que podría modificar esos contratos con esas empresas y hace relativamente inviable esos proyectos en Colombia. Cuando el mundo entero ha visto la necesidad de una transición de la energía fósil, pero no marchitarla de una manera tan rápida”.

Sobre este sector dijo el CEA en el comunicado que “si bien técnicamente la sobretasa es una propuesta mejor que la anterior, la cual buscaba establecer un impuesto a las exportaciones, el porcentaje de las tasas propuestas elimina la competitividad del país en inversiones frente otras jurisdicciones y la OCDE. Sugerimos reducirlas a cifras razonables como por ejemplo 3 % para 2023, 2 % para 2024 y 1 % para 2025. Esta debería ser una medida de aplicación temporal”.

Señala el Consejo que “asimismo, existe una creciente intranquilidad de cara a la no deducibilidad de las regalías. Esta medida afecta la competitividad del país y desincentiva la inversión extranjera, toda vez que la mayoría de los países permiten la deducibilidad de estos pagos en la depuración del impuesto de la renta. Esta modificación podría llegar a generar un desbalance en los contribuyentes de la industria, ya que estos seguirían estando gravados por la disposición del crudo”, señaló.

El CEA manifestó que le preocupa el posible efecto perjudicial que pueda tener el artículo 57 para las empresas que operan en el sector de la economía digital. Este hace referencia a la imposición de impuestos sobre la renta a las empresas extranjeras que tengan Presencia Económica Significativa.