Desde su posesión, el presidente Gustavo Petro ha planteado varios cambios ‘de fondo’ en las diferentes carteras. Ha hablado de transición energética, de más inversión en deporte y cultura, de una reforma tributaria que es la más ambiciosa de los últimos años en cuanto a recaudo y con la que se pretende ampliar los programas sociales, y también se ha hablado de reformas agraria, pensional y laboral.

Al parecer, reforma y transición pueden ser las palabras que definen el discurso del actual gobernante. Pero los cambios cuestan y no solo dinero, sino también tiempo, entendimiento y apoyo por parte de los diferentes actores, como lo son los gremios, los ciudadanos de a pie, su propio gabinete y el Congreso (en su mayoría es del Gobierno), este último definitivo para la mayoría de cambios que pretende Petro en sus cuatro años al frente del país.

Sin embargo, no hay duda de que una de las banderas del actual Gobierno, con la que ha sido insistente desde varios frentes, es la inversión social. De hecho, desde la campaña, Gustavo Petro hablaba de tener más recursos para los más pobres y para las poblaciones vulnerables: jóvenes, mujeres, indígenas, negritudes y demás población en esta situación.

Ministerio de la Igualdad

Lo cierto es que con esta transición en la que ha insistido desde que se posesionó no hay muchas cosas concretas o estructuradas. Este es el caso del Ministerio de la Igualdad y la Equidad: se ha hablado mucho de su aprobación y de su necesidad, según el Gobierno, pero en el papel no hay mucho de cómo funcionaría, cuánto costaría y qué entidades dependerían de él.

Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre las comisiones primeras del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate el proyecto que crea dicho ministerio.

Se ha dicho desde el Gobierno que este ministerio es un “nuevo instrumento administrativo con el que se pretende generar condiciones de igualdad material entre los colombianos”.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, quien será la ministra de la Igualdad, según lo que anunció el presidente Petro, indicó que “la aprobación de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad es un paso fundamental para dignificar la vida. La dignidad se hará costumbre cuando igualdad y equidad se garanticen con eficacia y eficiencia”.

Al respecto la oposición rechaza la creación de este ministerio, porque dice que generará más burocracia y gastos al Estado.

Ingreso solidario

A finales de octubre el primer mandatario indicó que el programa de Ingreso Solidario tendría cambios, entre ellos que las madres cabeza de familia recibirán $500.000 mensuales hasta diciembre de este año, fecha en la que terminan estas ayudas que surgieron durante el gobierno de Iván Duque.

Además, el mandatario indicó en su momento que este programa “no seguirá el siguiente año debido a que el gobierno anterior no lo dejó financiado. Sin embargo, por estos meses restantes, las ayudas irán para esta población”.

Aunque Petro no entregó más detalles, vale la pena recordar que estas ayudas se encontraban por categorías de la siguiente manera:

Si el hogar es de una persona, se pagaban $420.000 en el grupo A y $410.000 en el grupo B. Si el hogar se conforma por dos o más personas, se pagaba $432.000 en el grupo A y $420.000 en el grupo B. Y finalmente, los que no tienen Sisbén IV, recibían $400.000. 

Según Prosperidad Social, son 278 mil hogares vulnerables, liderados por una madre cabeza de familia, que recibirán este pago extraordinario por una sola vez.

Al respecto existen algunos cuestionamientos, pues algunos miembros de la oposición han dicho que no es claro de dónde saldrán los recursos.

Por su parte Cielo Rusinque Urrego, directora de Prosperidad Social, afirma que “es una tarea que nos puso el presidente Petro de buscar las diferentes entidades, como raspar olla y mirar qué recursos teníamos disponibles, buscar la capacidad jurídica, tramitar ante hacienda pública, ante el DNP, la posibilidad de orientar esos recursos en medio de la emergencia que estamos enfrentando de hambre y por la temporada de lluvias”.

Por ahora se mantiene Colombia Mayor, que pasa de pagos por $80.000 a $500.000. También continúan los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

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Subsidio a las pensiones

Otro tema que puede ser catalogado como de inversión social es el controversial subsidio a las pensiones, en donde el Gobierno ha hablado de una pensión universal, que según ha dicho el presidente se trata de un bono de $500.000 para todos los adultos mayores que no tengan opción de pensionarse.

Para algunos expertos en pensiones, aunque la intención es buena en el sentido de que se mitigarían la pobreza y la desigualdad en población en vulnerabilidad, en este caso, los adultos mayores, el costo fiscal sería demasiado alto.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), por ejemplo, señaló que “el mecanismo mediante el cual se pretende financiar la propuesta no es el correcto y sería un error severo”. Además, indicó que los $18 billones que costaría implementar esta mesada se financiarían con el flujo del ahorro privado de las personas afiliadas actualmente a los fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual.

La ANIF explicó que estos recursos pasarían a Colpensiones con el propósito de distribuirlos entre los adultos mayores que no alcanzaron su pensión, con el fin de brindar un auxilio económico a una de las poblaciones más vulnerables; sin embargo, criticaron que se capturara el flujo del ahorro pensional de personas que cotizan para su vejez y no de las AFP, ni de los bancos, ni del mismo Gobierno.

Juntas de Acción Comunal

En el presente Gobierno se ha señalado como una prioridad trabajar de la mano de Organizaciones Populares de Vivienda y de Juntas de Acción Comunal (JAC) en la construcción de proyectos que permitan llevar las vías al campo, para facilitar la unión entre las cabeceras municipales y las poblaciones apartadas, lo que potencia el intercambio comercial, fortalece la economía nacional y brinda viviendas seguras a los habitantes.

En materia de vías, Colombia continúa presentando un retraso importante en la construcción de corredores terciarios o de menor tráfico. Sin embargo, muchas veces estas tienen un impacto importante en el ámbito regional. Según cifras del Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 104, entre 141 naciones, en materia de calidad de la infraestructura de transporte terrestre.

En este sentido, el jefe de Estado dice que es importante identificar “lo que impide la rápida contratación con las JAC, debido a la multiplicidad de requisitos, que pueden durar meses, como las licitaciones, y la urgencia es manifiesta”.

Agregó: “Queremos contratar directamente con la Acción Comunal para las vías del campesinado”, y resaltó que estas obras serán más económicas, con buena calidad y aportarán para el mejoramiento de las condiciones de rentabilidad para esta población del país.

“Cumplir con transparencia, la máxima transparencia posible; las mismas sociedades en los barrios y las veredas serán las controladoras de la Acción Comunal. Si esto lo levantamos bien, si funciona bien, vamos a tener una poderosa organización de la sociedad para los años que están por venir”, sostuvo.

Ante esto, algunos analistas políticos, si bien argumentan que se trata de una buena propuesta, dicen que todavía deja muchos interrogantes sobre cómo será la transición con Invías, las competencias de las Juntas de Acción Comunal para llevar a cabo estos procesos y sobre quién recaerá la responsabilidad en caso de incumplimiento o mala calidad.

Por otra parte, el primer mandatario ha dicho que trabajar conjuntamente con las JAC “es fundamental para atender la emergencia del hambre con los mismos productos de las regiones afectadas; y no privilegiar a los mismos 20 contratistas que manejan este tema de los alimentos, como el PAE y otros ”.